­El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, propuso ayer revisar el actual modelo de instrucción judicial de los casos de corrupción para hacerla «más sencilla, ágil y rápida» y explicó su idea de crear en los próximos meses secciones de investigación en algunas fiscalías. En ese sentido, Torres-Dulce se refiriró a la situación «especialmente dramática» de la Fiscalía de Málaga, que en los últimos años ha tenido en sus manos macrocasos como Malaya.

Para el fiscal general no sólo hace falta una reforma legal, sino un «cambio conceptual en la forma de ver y entender la instrucción» judicial, y afirmó que las instrucciones no deberían ser «juicios avanzados» y que su finalidad no es acreditar los hechos, sino apreciar indicios razonables para formular una acusación. Tras reivindicar el modelo portugués, que atribuye labores de investigación al fiscal, consideró «imprescindible un fiscal verdaderamente impulsor de la instrucción, sobre todo para las causas complejas con más trascendencia», a fin de evitar que los procesos «se perpetúen en el tiempo con la consiguiente desmoralización de la sociedad».

A este respecto, explicó que en los próximos meses creará esas secciones en todas las fiscalías en las que ha detectado que hay un gran porcentaje de procesos penales que requieren una investigación «más exigente y dinámica». Torres-Dulce, que compareció en el Congreso para opinar como experto sobre el proyecto de ley reguladora de los altos cargos de la administración general del Estado y el de control económico y financiero de los partidos políticos, denunció además la falta de medios y recursos en las fiscalías provinciales, que son las que «ventilan más del 80 por ciento de los casos de corrupción». Según dijo la «precariedad» de medios con que trabajan hace que su tarea sea «poco menos que titánica y destinada al fracaso», aunque luego puntualizó que esos medios son «suficientes para hacer frente a la corrupción», pero que su incremento «ayudaría en la rapidez y eficiencia de la respuesta».

En su comparecencia, Torres-Dulce afirmó que en España las «causas más complejas no las instruye el juez ni el fiscal, sino que vienen precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria», con lo que la «capacidad de filtraje crítico es muy limitada». Por eso insistió en la necesidad de un modelo en el que la policía y la Agencia Tributaria «dependan, no del control, sino de la dirección del Ministerio Fiscal».

Torres-Dulce, al que el diputado del PSOE Enrique Serrano felicitó por su discurso «impetuoso» y valiente», se mostró partidario de que un político imputado abandone su cargo en el momento en que se abra la vista general, aunque apuntó que algunos hechos delictivos son tan especiales que en algunos casos es conveniente alguna medida cautelar. Sobre la figura del imputado, también dijo que se puede hacer una reforma procesal parcial para distinguir una causa admitida a trámite del acto de imputación.