El interventor del Ayuntamiento de Málaga ha desautorizado, con el consiguiente informe de reparos, el pago de nueve facturas por valor de 256.755 euros que la corporación pretende abonar a la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) en pago por los servicios extraordinario de retirada de vehículos por la grúa municipal.

Se trata de facturas correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2013 (incluida la Feria) que el Ayuntamiento no ha abonado «por haber agotado el crédito», según informa el coordinador general del área de Seguridad, Juan Fernando Gómez.

Por ello se hace necesario habilitar un crédito extraordinario para hacer frente al pago de estas facturas.

El interventor, sin embargo, desaprueba el abono de estas facturas al considerar que están tramitadas irregularmente al «haberse omitido requisitos o trámites esenciales», en este caso concreto por falta de consignación presupuestaria en su ejercicio.

El Ayuntamiento, por su parte, defiende su abono al tratarse de «servicios ya prestados por la grúa municipal» a los que hay que hacer frente y que no han podido pagarse por los conductos normales al no ser posible una previsión exacta del gasto «al tratarse de servicios que no pueden predecirse en número ni en cuantía económica.

Para el PSOE, por contra, se trataría de una «clara falta de previsión», señaló la concejala Francisca Montiel, dado que en agosto ya se había agotado el fondo para pagar este servicio y una cosa es no poder hacer una previsión exacta y otra muy distintas «la imprevisión» que supone que los fondos sólo cubrieran los pagos hasta finales de julio.

En el fondo de esta situación de escasez de fondos se encuentra una medición errónea en la política de recorte de gastos, tal como apunta el presidente del comité de empresa de Smassa, Manuel Lima.

Para el pasado año 2013 el presupuesto de Smassa preveía unos ingresos de 625.000 euros por la prestación al Ayuntamiento de estos servicios extraordinarios de la grúa, sin embargo el año anterior, 2012, la previsión de ingresos era de 1.630.000 euros, un millón más.

El recorte en un millón de euros para el año 2013 resultó excesivo y propició que a mediados de año los 625.000 euros previstos resultan muy escasos y el Ayuntamiento se viese obligado a procurar un crédito de 256.000 euros para pagar el resto del coste del servicio, pero con un procedimiento que el interventor desautoriza.