­Más de la mitad de los cigarrillos que se venden y consumen en Málaga son de contrabando. Así lo dicen las estimaciones que el productor Altadis hizo públicas ayer en la capital durante las jornadas Acceso y disponibilidad del tabaco ilícito: puntos de venta ilegal, en las que la directora de Asuntos Corporativos y Legales de la compañía, Rocío Ingelmo, cifró en un 53,3% la presencia de este producto ilegal en el mercado malagueño. Una auténtica barbaridad si se compara con las cifras que el mismo informe arroja para ciudades como Córdoba (41,5%), Sevilla (38,1%) o Cádiz (38,8%), mientras que la media andaluza se sitúa en el 38,3% y la española en un 11,3%. En el sector «han saltado todas las alarmas», puesto que el porcentaje nacional en el año 2010 era de un 3,9%.

Como prueba del daño que la avalancha del tabaco de contrabando provoca sobre la industria y el Estado, la empresa aportó los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo oficial dependiente del Ministerio de Hacienda que señala que el año pasado en Málaga las ventas fueron de 72,6 millones de cajetillas frente a los 88 millones del año anterior. Hasta marzo de este año, según la misma fuente, las ventas han sido de 14,7 millones de cajetillas de cigarrillos, 1,1 millón menos que en los tres primeros meses de 2013.

Y como telón de fondo que justifica el incremento de esta actividad, los participantes en las jornadas coincidieron en destacar una crisis económica que, tras varios años y subidas del precio del tabaco y los implacables impuestos, invita a los fumadores a buscar una opción que se adapte a sus bolsillos, «aunque hay algo más». «Observamos que la facilidad para que el consumidor acceda al tabaco de contrabando ha aumentado notablemente. La crisis ha impulsado la proliferación de puntos de venta ilegales que lo que hacen, en el fondo, es colaborar con las mafias y redes contrabandistas, además de facilitar el acceso de los menores al tabaco», abundó Ingelmo, quien añadió que al daño del sector hay que sumar el que provoca al resto de la sociedad española por la enorme pérdida que supone de recaudación fiscal. «Perjudica al Estado, al sector y a toda la sociedad en general, a la que es preciso concienciar sobre este grave problema», explicó la ejecutiva de Altadis antes de concluir que el tabaco falsificado apenas representa el 0,2% del total intervenido, por lo que el problema se centra en tabaco genuino que se fabrica fuera de España.

Lo que es indudable es la frenética actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el contrabando de tabaco, actividad que en la capital malagueña representa muy bien la Policía Local de Málaga. Según el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, durante el año pasado este cuerpo sumó 370 actuaciones que sumaron la incautación de 40.000 cajetillas, mientras que en los primeros cuatro meses de este año ya se ha cubierto casi la mitad de esa cifra con 18.000 cajetillas intervenidas. Andrade destacó el trabajo centralizado del Grupo de Investigación y Protección de la Policía Local de Málaga y el apoyo de los agentes que patrullan los barrios de la capital.

En la misma línea se manifestó el teniente coronel y jefe de la Policía Judicial e Información de la IV zona de Andalucía, Alfonso Rodríguez, quien subrayó cómo en la provincia de Málaga han aumentado las actuaciones y los detenidos e inculpados más que las cajetillas intervenidas. En este sentido, destacó las 292 actuaciones del año pasado frente a las 124 del año anterior, mientras que el número de implicados en las mismas pasaron de 125 en 2012 a los 296 del año pasado. En todo caso, el instituto armado intervino en 2013 126.566 cajetillas por valor de 551.670 euros frente al 457.000 del año anterior, que fueron valoradas en casi 1,6 millones de euros.

En el caso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el año pasado intervino en sus operaciones un total de 159.273 cajetillas de tabaco, 1.900 de ellas pertenecientes a denuncias por delitos y la mayoría (157.373) por infracciones administrativas, según los datos aportados por AEAT a este periódico.