La provincia de Málaga tiene casi tantos parados y pensionistas como trabajadores ocupados, una situación ciertamente preocupante que refleja lo mucho que queda por recorrer en cuanto a reactivación económica para asegurar un sistema de Seguridad Social viable de cara al futuro. Málaga cuenta ahora mismo con algo más de 500.00 afiliados a la Seguridad Social, menos de un tercio de la población de la provincia. Por contra, la suma de desempleados oficialmente inscritos en la oficinas de empleo (201.443 a cierre de abril) y de pensionistas (243.566) es ya de unas 445.000 personas. La comparación es aún más inquietante si cogemos el dato de paro de la Encuesta de Población Activa (EPA), que en el primer trimestre de 2014 arrojó 285.800 desempleados en la provincia de Málaga. En ese caso, la suma de parados y pensionistas llegaría a los 520.000, un 4% por encima de los trabajadores ocupados de la provincia.
Según los expertos, un sistema está saneado financieramente y es sostenible cuando la tasa de dependencia arroja una cifra en el entorno de 2,5 cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista. España llegó a tener 2,7 en el año 2007 pero la ratio ya anda por debajo del 2. Y en Málaga, unas estimaciones aproximadas a partir de los actuales datos apenas situarían la tasa por encima de ese 2.
No obstante, también hay que poner algunas matizaciones a las números, siempre demasiado restrictivos: una, que parte de los parados, concretamente los que cobran la prestación contributiva, siguen cotizando durante ese tiempo a la Seguridad Social y, dos, que el número de pensiones encubre en realidad una cifra algo menor de beneficiarios reales, ya que una misma persona puede tener dos pensiones.
Además, no hay que olvidar que, según los cálculos de los sindicatos CCOO y UGT, ya hay más de 101.000 parados en Málaga, más de la mitad del total, que han agotado todas las prestaciones disponibles y que encaran sin ningún tipo una situación económica extrema.
Un mercado laboral deteriorado
Las estadísticas reflejan el deterioro que ha sufrido el mercado de trabajo desde que empezó la crisis, lo que deja cada vez a menos trabajadores a cargo de las cotizaciones con las que el Ministerio de Empleo, a través de la Seguridad Social, paga las prestaciones por desempleo y las pensiones. Málaga superó los 605.000 trabajadores ocupados a mitad del año 2007 pero la crisis se ha llevado desde entonces un 18% de esos ocupados. Por contra, el número de parados casi se ha multiplicado por tres -de los 75.000 que había por esas fechas en las oficinas de empleo estamos ahora en los 201.000 inscritos- mientras la cifra de pensiones (incluyendo incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares), que en 2007 apenas superaba las 200.000 en Málaga, sigue subiendo mes a mes.
Pago anual en Málaga
La nómina de las pensiones en la provincia supone un desembolso anual de más de 2.300 millones de euros, según los cálculos extrapolados de los datos que ofrece mes a mes el Ministerio de Empleo.
En cuanto a las prestaciones por desempleo, la factura ascendió en 2013 a 788 millones de euros, según cifraron ayer a este periódico fuentes ministeriales. La cifra es un 9% inferior a los más de 865 millones que se pagaron en el ejercicio de 2012 aunque la caída obedece seguramente más a que los parados agotan sus prestaciones que al hecho de que algunos hayan encontrado trabajo en este tiempo. El volumen de dinero dedicado a prestaciones supone casi el doble de lo que se destinaba antes de la crisis a este apartado, cuando el paro estaba en un suelo histórico, pero también es ya algo menos de los casi 1.000 millones que se llegaron a pagar al año en Málaga al inicio de la crisis, cuando perdieron su empleo decenas de miles de trabajadores, sobre todo del sector de la construcción.
Una ecuación por resolver
La proporción entre la población inactiva y los cotizantes sigue siendo desequilibrada en todas las autonomías españolas, lo que llevó al Gobierno a impulsar una reforma de la pensiones a través de un sistema que ha desvinculado su actualización anual del Índice de Precios al Consumo (IPC), así como a retrasar la edad de jubilación, de forma progresiva, hasta los 67 años. Las alarmas han sonado este año en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social „la llamada hucha de las pensiones„ que acabó el año pasado con 53.744 millones, un 14,7 % menos que a finales de 2012, según el reciente informe de gestión del Ministerio de Empleo.
