El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, volvió a criticar ayer la Ley de Tasas Judiciales, una normativa impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy que ha supuesto una reducción del 41% de los procedimientos contencioso-administrativos en la provincia, es decir, las demandas que los ciudadanos interponen contra la administración.

Lara hizo ayer estas declaraciones al analizar el programa del décimo Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, que este año se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga los días 16 y 17 de octubre. En concreto, el decano acudió a la presentación del cartel de este evento, realizado en esta ocasión por Rafael Albadalejo.

Lara reseñó que en el congreso se tratarán las tarifas judiciales «y su efecto dos años después de su entrada en vigor», así como también se estudiarán las costas de los procesos.

Por otro lado, el responsable de la institución colegial advirtió de que «la supervivencia del congreso está en peligro» precisamente por la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. «Si se aprobase, sin duda alguna no habrá un undécimo congreso, y sería una pena que por esa normativa se tuviera que suspender la celebración de este tipo de eventos formativos». Éste será otro de los temas que se abordarán en el foro.

En concreto, el programa incorpora nuevas secciones formativas y una mesa de trabajo en la que se analizarán las reformas legislativas que afectan a la Justicia, como los anteproyectos de la Ley del Poder Judicial, y dentro de ella la planta judicial, y la Ley de Colegios Profesionales. En total, hay 25 sesiones formativas, que incluyen 62 ponencias y seis mesas redondas. En esta ocasión, está previsto que se supere la cifra de asistentes del año pasado, 1.200, un número que convirtió la cita en el congreso «jurídico-científico más importante a nivel nacional». Las conclusiones de la mesa de trabajo «nos sirven para seguir luchando por los ciudadanos», indicó.

Asimismo, precisó, algunas de las conclusiones de la mesa se podrían aportar a los recursos que se tramitan en el Constitucional por ejemplo contra las tasas. «La participación del colegio es muy activa en todas las tramitaciones legislativas», señaló.