La Fiscalía cree que hay indicios de delito en determinadas partidas de ayudas públicas a empresas para la celebración de cursos de formación a desempleados de 2010. En concreto, y una vez concluida la investigación preliminar de este caso, el ministerio público apunta a la posible comisión de falsedad, estafa y fraude en las subvenciones, por lo que cierra sus pesquisas y envía el expediente al Juzgado Decano de la capital para que éste, a su vez, lo turne a uno de los 14 órganos de instrucción de la ciudad de Málaga. Es decir, judicializa el tema, como han reclamado una y otra vez los partidos políticos, aunque el proceso está muy verde por ahora y no ha hecho más que empezar.
El escrito, de más de veinte folios, de la Fiscalía de Málaga salió el lunes por la mañana de la oficina que el ministerio público tiene en la Ciudad de la Justicia. Primero, la causa llegó al Juzgado Decano, que lo registró, y fue enviado a Instrucción 13, que hacía el lunes funciones de Juzgado de Guardia de Incidencias, de tal forma que su titular abrió diligencias previas -la investigación propiamente dicha- y lo devolvió al Decanato, que en los próximos días lo turnará a su destino definitivo.
En concreto, lo que hace la Fiscalía es pedir que se inicie la investigación y se practiquen determinadas pruebas, amén de que sean citados algunos testigos e imputados, cuyos nombres no han salido aún a la luz pública. Las pesquisas se centran en las subvenciones del programa para el empleo con compromiso de contratación de 2010, ayudas que otorga la Junta de Andalucía, aunque no en todas, sino en una partida de 1,7 millones de euros que financió a 17 de las 20 empresas que obtuvieron dinero público en esa convocatoria. Eso sí, ni toda esa suma es fraudulenta -se habla de una parte de la misma- ni todas las mercantiles fueron creadas únicamente para lograr las sumas.
Se trata de empresas que van desde academias a escuelas de masaje, cuyo objeto social abarca «una actividad educativa y formativa». Lo que se cree es que algunas de estas sociedades «no tenían actividad aparente». Por cierto, las irregularidades relativas a las subvenciones otorgadas en Almería y Sevilla no se analizarán judicialmente en Málaga, sino que la Fiscalía ha acordado deducir testimonio y enviar esos expedientes a los ministerios públicos de ambas provincias andaluzas.
Sobre la mesa de la Fiscalía de Málaga están, desde mayo de 2013, unas diligencias de investigación preliminar que afectarían a la provincia cuya génesis estaría en una denuncia de la sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Nacional, en la Seguridad Social, y a lo largo de esas pesquisas policiales se han efectuado diversos informes que alertaban de una supuesta falta de control a la hora de conceder los fondos y también en la justificación posterior que se hacía de esos programas formativos.
Asimismo, se relataban supuestas irregularidades que habrían sido detectadas tanto previamente, como es el caso de falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se concedieron los fondos mediante convenio, y también posteriores, por el supuesto incumplimiento en la contratación del 60% de los alumnos o posibles falsedades en los partes de asistencia.
Los investigadores aludían en el último informe a la inexistencia de dicho control en ocasiones, y también hacían mención a la falta de concurrencia competitiva en esta convocatoria de subvenciones, así como que cabría la posibilidad de un supuesto favorecimiento a determinadas empresas que se presentaron a la convocatoria ese año.
El caso saltó a los medios el pasado Miércoles Santo y en un principio se hablaba de un alcance autonómico y de un montante económico de miles de millones de euros, así como al futuro comportamiento expansivo del proceso a otras provincias. Las fuentes policiales citadas en diversos medios ponían en duda la gestión de los más de 2.000 millones de euros que ha recibido Andalucía para la formación profesional en el empleo durante siete años, y otras informaciones apuntaban a un fraude de 500 millones de euros que abarcaría los cuatro puntos cardinales de la comunidad.
La Junta se defendió en su día acusando al PP de abrir «una causa general» contra Andalucía, ya que las filtraciones a la prensa se produjeron sin que un juez hubiera tocado la causa, sólo cuando esta se hallaba bajo control policial y fiscal.
