­La economía sumergida supone en la provincia un 28,6% del PIB, es decir, casi alcanza los 8.000 millones de euros. Ello se debe a múltiples factores: la excesiva presión fiscal, el elevado paro y el alto número de familias cuyos miembros no reciben ya ninguna prestación. Para cazar a los empleados que no están dados de alta, una práctica especialmente extendida entre la hostelería, la Inspección de Trabajo efectuará a lo largo de 2014 hasta 1.800 controles en bares, restaurantes, chiringuitos, bares de copas, discotecas y establecimientos de este tipo. La idea es que aflore la cifra de empleados sin contrato y, de paso, reducir en lo posible la economía sumergida, que sigue avanzando imparable (en 2008 era del 20,5% del PIB provincial).

Esta oleada de controles no es exclusiva de la hostelería, sino que se hace para muchos sectores productivos, aunque en la restauración y el sector servicios se han previsto 1.800 en esta anualidad, la mayoría de ellos en verano, explica el jefe de la Inspección de Trabajo en Málaga, Alfonso Conejo.

Es más, ahora están desarrollando una campaña específica para bodas, bautizos y comuniones, eventos desarrollados por empresas que suelen tirar mucho de la figura del trabajador extra, aquel que se contrata para reforzar a la plantilla habitual puntualmente -fines de semana, por ejemplo- y a los que en muchas ocasiones no se les da de alta-. En mayo y junio se van a efectuar 180 controles sorpresa, que entran dentro del total de inspecciones previstas para la hostelería. Éste es el tercer año en el que se lleva a cabo esta iniciativa.

«Buscamos ver si los tienen asegurados o no», precisa Conejo, que aclara que, más allá del programa habitual de visitas a las empresas, los inspectores de trabajo también actúan a requerimiento de un afectado, es decir, por denuncias que les llegan o por informaciones que les entran por el Buzón del Fraude.

«Solemos mirar bases de datos, o sacamos información de visitas de otros años o incluso por internet, y luego nos concentramos en las zonas en las que más empleo irregular puede haber, por ejemplo en algunos chiringuitos, cuya actividad crece en verano, o en puntos en los que hay muchos turistas. Cada inspector conoce bien su zona», reflexiona.

Una vez que se pilla a algún trabajador que no está dado de alta, las sanciones van en función de si el empleado es extranjero, comunitario o español. En los dos últimos casos, si no está contratado, el empresario comete una infracción con una sanción mínima de 3.126 euros. Si además de no estar dado de alta, el empleado irregular cobra el paro, la infracción es muy grave, y la multa de 10.000 euros, además de que el individuo afectado verá cómo se le abre un acta de extinción de la prestación. Si el cazado es extranjero, la sanción es de 10.000 euros, una suma que se recarga con los seguros sociales que no ha abonado el empresario.

El responsable de la Federación de Hostelería, Comercio y Turismo de CCOO Andalucía, Gonzalo Fuentes, cree que estas visitas son insuficientes pese al refuerzo veraniego de la plantilla de inspectores de trabajo. En Málaga, en torno a 60.000 personas se dedican a la hostelería y el turismo, por lo que la lucha contra la economía sumergida ha de ser una iniciativa esencial. «Es una inversión y se aumenta la recaudación fiscal», precisa Fuentes.

«En cuanto a la economía sumergida, durante los años de bonanza se bajó mucho la guardia, necesitamos más medios técnicos, inspectores y subinspectores para ponerle coto», subraya.

Fuentes describe una práctica muy frecuente entre parte del empresariado de la hostelería, sobre todo en verano: la contratación de extras. Sólo llamando a un número de teléfono, el empresario conecta con esos empleados, a los que no da de alta, para reforzar su plantilla para el fin de semana o un pico de trabajo. «No tengo más trabajadores porque tengo extras, dicen muchos empresarios», aclara el líder sindical.

En total, este verano habrá 3.000 trabajadores de este tipo en los chiringuitos, restaurantes, bares, pubs, discotecas u hoteles de la Costa del Sol, una enorme bolsa de fraude que, en palabras del responsable de Turismo de CCOO Andalucía, «supone una competencia desleal para los empresarios que sí tienen en condiciones a sus trabajadores, que los hay».

Además, esto es un «sinsentido» si se tiene en cuenta que «hoy en día se puede dar de alta o baja a cualquier persona desde el ordenador, y existe la figura del fijo discontinuo, que da flexibilidad al empresario y estabilidad al empleado», apunta. «Muchos de ellos trabajan por 30 o 40 euros durante muchas horas», insiste.

Fuentes también pone como ejemplo otro fenómeno laboral favorecido por la reforma del PP: «los contratos a tiempo parcial se han convertido en los minijobs españoles: un empresario tiene dado de alta a un asalariado durante una o dos horas pero el tiempo efectivo de labor es de ocho o diez, y si no se le paga en A se le abona el salario en B. Ocurre, por ejemplo, en los apartamentos turísticos. En torno al 25% de las plantillas están contratadas con este sistema».

El responsable sindical insiste en que el incremento de pernoctaciones y turistas en el destino no se corresponde con un avance en el empleo, precisamente por la economía sumergida y el fraude de los contratos a tiempo parcial, que se han disparado con la crisis.