­España, según varios abogados que trabajan diariamente con la anquilosada maquinaria de la Justicia, es el país del «acusa que algo queda». Así lo cree, por ejemplo, el abogado Javier Muriel, quien ve en la población turista no censada que reside la provincia una de las causas fundamentales de la alta litigiosidad. Pero su colega Javier Villalba introduce una incógnita en la ecuación que sustenta la judicialización de la vida social cuanto menos inquietante: «Hay mucha picaresca».

El problema que él expone tiene su origen también en el turismo y en la alta afluencia de visitantes: «Muchas personas contratan seguros para venir aquí que incluyen cobertura específica de robos u otros delitos sufridos en España, y es muy fácil denunciar que en una parada de autobús me ha robado un extranjero el móvil o el bolso, y se la llevo a mi compañía de seguros en Inglaterra para que me reembolse el valor de lo sustraído y el viaje me sale mejor, más barato». Es un truco que usan algunos turistas y que incrementa la estadística de denuncias que recogen la policía y los juzgados.

«La garantía y la facilidad con la que se denuncia en España no es, desde luego, igual a las que hay en otros países. Buena parte de la alta litigiosidad se debe a la picaresca», señala.

En algunos países se han llegado a hacer folletos con recomendaciones sobre la existencia de delincuencia en las zonas turísticas de la Costa del Sol, y aunque ciertamente muchos viajeros son objeto de bandas de cacos, en algunas ocasiones la denuncia es completamente falsa», precisa Villalba. «Así es, habría también que tasar las denuncias falsas», apunta este jurista de Fuengirola.

El jurista Javier Muriel trae a colación algunas coberturas por agresión sexual que, en algún caso específico, han dado lugar a denuncias falsas, lo que luego se ha demostrado. Varias informaciones periodísticas han retratado este fenómeno en alguna ocasión.

La alta litigiosidad, por tanto, se debe a numerosas causas, también a la crispación del cuerpo social. Las tasas precisamente tratan de frenar el recurso fácil a la Justicia, aunque los expertos están de acuerdo en que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se pasó de frenada con esta norma que soliviantó a jueces, abogados y procuradores. Tarifas sí, pero no tan elevadas, suele ser la postura habitual de los operadores jurídicos.

Muchas veces se ha alertado del típico vecino que ha denunciado a numerosos miembros de su comunidad de propietarios, una y otra vez; o se habla del socio de una empresa que prefiere denunciar a otro por la vía Penal porque es más rápida que la Mercantil y además tiene prioridad sobre la primera. Todos coinciden en la necesidad de impulsar la mediación, algo que se hace en Familia, y el arbitraje, más caro y menos usado. Es recurrente el chiste entre juristas que hace referencia a que Málaga es la pequeña Audiencia Nacional, lo que supone que, pase lo que pase, los malagueños van a seguir siendo aficionados a dirimir sus problemas ante un juez.