"La libertad de manifestación está bajo amenaza en nuestro país"

Impartirá un curso de verano en la UMA sobre la situación de la libertad de manifestación y de reunión en España, ¿están amenazados estos derechos en nuestro país?

Son derechos que sí se encuentran amenazados por dos motivos. Uno, la frecuente práctica en los últimos años de disolver con un uso excesivo de la fuerza manifestaciones con violencia, o incluso manifestaciones pacíficas, donde hay una mayoritaria impunidad. El otro motivo son los nuevos proyectos de leyes como el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana o el proyecto de reforma del Código Penal. También se restringe el derecho a la manifestación o reunión o se ponen obstáculos que van en contra del derecho internacional. En definitiva, existe una amenaza de restricción de la libertad.

Entonces, ¿estas dos leyes constituyen una amenaza directa para las libertades?

En su redacción actual sí. Pero hay posibilidades de que estos proyectos de ley cambien antes de llegar al Consejo de Ministros. Hace dos semanas tuvimos una reunión con el secretario general técnico del Ministerio del Interior, al que le pedimos que recogiera algunas de las demandas formuladas por Amnistía Internacional para que se abandone el carácter restrictivo.

¿Qué recomendaciones le efectuaron?

Nuestra recomendaciones tenían que ver con que se reconociera la obligación de las autoridades de proteger el derecho de reunión. Por ejemplo, que se pueda castigar a manifestantes de una concentración pacífica cuyos organizadores hayan cometido actos violentos. Esto habría que eliminarlo. También le hicimos recomendaciones sobre las cuantías de las multas y le pedimos que se prohibieran los controles policiales por motivos raciales. Aún estamos esperando esa nueva redacción pero está por verse cuál es el resultado definitivo del proyecto de ley.

¿Qué opina sobre las restricciones a la hora de fotografiar a agentes de seguridad?

Este es un punto muy importante. En el actual proyecto de ley se multaría a aquellos que tomen imágenes o proporcionen información sobre miembros de las fuerzas de seguridad realizando sus funciones o de sus familiares. Entendemos que sus familias y su domicilio debe protegerse, pero, como sostiene el Consejo General del Poder Judicial, el derecho al honor y a la intimidad de los policías ya está protegido y no es necesario sobreprotegerlo con otra ley más, que además puede afectar al ejercicio periodístico de cualquier persona. Esa imagen puede ser muy útil ante un tribunal para probar la agresión a una persona.

Algunos políticos han demandado regular el derecho de manifestación, ¿qué posición mantienen?

Lo único que el Estado puede hacer es regular el itinerario y la duración del recorrido. Debería permitirse, como recoge la legislación alemana, el derecho de reunión espontánea cuando las circunstancias lo ameriten. Un ejemplo sería cuando el Gobierno tome una medida y la gente se eche a la calle sin planearlo previamente. Eso debería poder realizarse sin notificarlo a las autoridades. Aquí en España se entiende que, si no se notifica, tiene que ser prohibida, y esto va en contra de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Consejo de Europa. Por tanto, debería permitirse el derecho de reunión pacífica de manera espontánea, ya que la falta de notificación no puede significar la disolución o prohibición de la manifestación. Una concentración solo debería disolverse como último recurso.

¿Cree que esta proposición de regulación va encaminada a coartar el derecho de manifestación o reunión?

No, no. Lo que nos preocupa es que cuando no se notifica a las autoridades una manifestación, esto puede ser motivo de disolución de la misma. Una manifestación pacífica no notificada debería poder celebrarse. Por ejemplo, tras los atentados del 11-M, la gente salió a la calle de forma espontánea y no hubo tiempo de notificarlo. Eso a veces lo permiten las autoridades y otras veces, no. Aquí lo importante es que la manifestación sea pacífica o no, y si lo es, debe aceptarse que se celebre, aunque no se pida permiso a las autoridades.

La crisis ha supuesto una reducción de derechos sociales. Ahora que estamos saliendo de ella, ¿volveremos a recuperar esas garantías?

La crisis económica ha supuesto una profunda violación de los derechos humanos. Por un lado, el derecho a la vivienda adecuada. Aunque este derecho nunca fue reconocido realmente por las autoridades españolas. El Tribunal Constitucional nunca ha aceptado un recurso de amparo por derecho a una vivienda adecuada. Luego en el derecho de acceso a la salud, con el decreto de abril de 2012 el Gobierno ha dejado sin tarjeta sanitaria a 874.000 inmigrantes irregulares. Y así estamos. En algunos casos significaría volver atrás y, en otros, supondría un cambio importante en relación a los derechos humanos como es el caso de la vivienda.

En materia de derechos humanos, ¿estamos volviendo hacia atrás?

Con las leyes tenemos un riesgo de vuelta atrás. Por ejemplo, el acceso al aborto legal y seguro. Hay un proyecto de ley que puede dejar a miles de mujeres y niñas sin información para poder decidir si quieren acceder a un aborto legal y seguro. Esto puede hacer que volvamos a una época en la que se abortaba de manera clandestina, lo que reporta riesgo para la salud de la mujer. Hay que pensar que en Europa existen 19 países con una ley de plazos. Si seguimos por este camino, retrocederemos hasta los años 80. Si hablamos de la jurisdicción universal, con el PSOE en el poder en el año 2009 ya se limitó la capacidad de la justicia para llevar a responsables de crímenes de guerra o genocidio a los tribunales y se ha agravado con los cambios del Partido Popular sobre este aspecto el pasado año.

¿Y qué consecuencias puede tener la restricción de la justicia universal?

Ya lo estamos viendo. Personas que fueron torturadas o fueron sometidas a crímenes de guerra o genocidio no tienen en estos momentos justicia. No pueden obtenerla en sus países y tampoco es posible que otros lo investiguen. Por otra parte, hemos visto que esta aplicación ha permitido que grupos de delincuencia organizada escapen de la justicia. Es un sin sentido que el mismo Estado no quiera perseguir a presuntos criminales. La jurisdicción universal consiste en que cualquier juez de cualquier país del mundo pueda perseguir a cualquier delincuente internacional, independientemente de su nacionalidad, su residencia o de dónde se esconda. Poner estas limitaciones lo único que garantiza es la impunidad.

¿Con esta acción el Gobierno estaría favoreciendo la impunidad?

Tanto la acción del año 2009 del gobierno del Partido Socialista como la del Partido Popular en el año 2013 van encaminadas a favorecer la impunidad y atar de manos a los jueces para que no puedan llevar a cabo su labor de investigación de cualquier crimen en cualquier parte del mundo.

En cuanto a la situación internacional, ¿cómo valora el estado de los derechos humanos en países como Siria o Irak?.

Siria es el olvido de la comunidad internacional. Con un 20 por ciento de su población como refugiados y bombardeos continuos, el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido incapaz de emitir una resolución. A Irak hemos enviado una investigadora que ha documentado ejecuciones tanto de los grupos armados como el ISIS como del ejército iraquí.

«En Brasil el derecho a la protesta se ha visto limitado con el Mundial»

Beltrán comenzó su andadura en Amnistía Internacional investigando violaciones de derechos humanos en países como Guatemala o Panamá

¿Qué países de América Latina avanzan y cuáles retroceden en el respeto de los derechos humanos?

Más que países había que hablar de temas. En los países del Cono Sur se avanza en la abolición de la pena de muerte, excepto en Cuba. También hay progresos en la lucha contra la impunidad. En Argentina y Chile están juzgando a los responsables de desapariciones forzosas. Se mantiene la preocupación sobre la tortura y las condiciones de los presos por delitos comunes, que son tratados como animales. En materia de libertad de manifestación y de reunión hay motivos de preocupación en todos los países.

¿Pero hay algún país que destaque de forma particular?

No, porque puede que sobresalga en un tema pero en otros no.

¿Cómo ha repercutido el Mundial de Brasil en relación con los derechos humanos?

Durante los años anteriores y, en especial éste, el derecho a la protesta en Brasil se ha visto limitado.

Existen casos de periodistas que han perdido un ojo o han sido heridos con pelotas de goma.

Manifestantes pacíficos han sido agredidos por la policía, se han utilizado gases lacrimógenos en hospitales... También ha habido casos de desalojos forzosos de viviendas para construir, no solo complejos deportivos para el Mundial, sino también para los Juegos Olímpicos de 2016. Ahora la cosa está más tranquila pero hay que estar atentos a lo que ocurre.