­Tras cuatro años y medio sin saber nada de Verónica Frías, la joven de 24 años asesinada en Ciudad Jardín la madrugada del pasado martes presuntamente por su expareja, las alarmas de la administración se encendieron el pasado 20 de julio, día en el que acudió a Carlos Haya tras una supuesta nueva agresión de David. El historial de la joven y el tipo de lesiones que presentaba provocó que los médicos activaran el protocolo de violencia de género con un parte que se envió tanto al juzgado como al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Tal y como explicaron el martes desde esta última institución, el protocolo avanzó por esta vía con la atención a la joven entre los días 22 y 23 de julio con todos sus recursos disponibles -informador, psicólogo, trabajador social y abogado- y ofreciéndole una casa de acogida que rechazó en beneficio de la casa de sus padres, en cuyo portal fue asesinada. Sin embargo, la vía policial y judicial no fue tan fluida por dos motivos.

Según confirmó ayer la Comisaría Provincial de Málaga, la Policía Nacional no pudo valorar los riesgos a los que estaba expuesta Verónica porque ella prefirió no denunciar a su expareja. La Valoración Policial de Riesgo (VPR), que determina si el riesgo es bajo, medio, alto o extremo y el tipo de protección que se le da a la víctima, requiere una denuncia previa en comisaría, por lo que el trabajo policial quedaría a expensas de la autoridad judicial, que en este caso actuó de oficio. Según fuentes judiciales, el expediente que aportaba el parte de lesiones de Verónica llegó a un primer juzgado el día 22, dos días después de la agresión que le produjo un hematoma en el hombro derecho y dos erosiones en la zona cervical, pero ese sólo el fue inicio de un largo periplo.

Concretamente, las fuentes aseguran que el expediente llegó inicialmente al Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, que ese mismo día se inhibió por causas obvias en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 que ese día estaba de guardia.

Sin embargo, las normas de reparto exigen que, en el caso de ser un caso reincidente, el proceso deber ser llevado por el juzgado original. Teniendo en cuenta que la fallecida denunció a su expareja en 2009 por un episodio de violencia de género que llevó el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2, al que más tarde solicitó retirar todas las medidas cautelares, el número 1 se inhibió en favor de este último. Aunque las fuentes no precisaron cuándo se envió de un juzgado a otro, sí reconocieron que el expediente llegó a su destino definitivo ayer, es decir, más de veinticuatro horas después de que Verónica fuera asesinada y más de una semana después desde que llegara al primero de los tres juzgados, todos localizados en el mismo edificio de la Ciudad de la Justicia.

Investigación

La investigación en torno a la muerte de Verónica continuó ayer con el interrogatorio del presunto asesino, su exnovio de 27 años y padre de la hija de 4 que ambos tenían en común. Fuentes cercanas al caso aseguraron ayer a este periódico que la autoría del crimen estaría prácticamente cerrada gracias a la confesión del propio sospechoso, aunque el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Málaga aún trabaja en la localización del arma utilizada, así como en un posible intento de agresión o abuso sexual sobre la víctima previo al apuñalamiento. Los agentes le acusan de asesinarla y de llevarse su bolso.

El cadáver de la joven fue hallado sobre las 2.45 de la madrugada del martes en el portal del edificio de sus padres, localizado en la calle Pintor Ramos Rosas de Ciudad Jardín, adonde se había mudado con su hija tras la agresión del 20 de julio. Tras el hallazgo, la Policía Nacional activó un espectacular dispositivo para localizar a su expareja, que estuvo en paradero desconocido hasta el mediodía del martes. Un equipo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) tuvo que acceder por la fuerza a la vivienda de Puerto de la Torre en la que vivió junto a la víctima y donde se había atrincherado.