Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Esta es la decisión de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga, Concepción Montoya, tomó ayer sobre David L.L., acusado de asesinar el pasado martes a su expareja Verónica Frías en Ciudad Jardín. Según confirmaron ayer fuentes judiciales, la magistrada le imputó los delitos de asesinato, malos tratos habituales, malos tratos y robo con violencia, ya que le sustrajo el bolso a Verónica Frías antes de apuñalarla hasta la muerte. Finalmente, la Policía Nacional no pudo demostrar los supuestos abusos que la fallecida pudo sufrir en el último tramo de la relación.

El arrestado, de 27 años, se acogió a su derecho a no declarar ante la juez pese a que ante los investigadores sí confesó el crimen, tal y como adelantó La Opinión de Málaga en su edición del pasado jueves. En todo caso, el juzgado se reserva el derecho de citarle de nuevo en el plazo de un mes para hacer una ampliación de la declaración, añadieron las mismas fuentes.

El ingreso en prisión del acusado hasta que se celebre el juicio supone un punto y aparte a un caso que ha provocado un gran revuelo por una serie de factores que se dieron hasta que se produjo el crimen. Y es que Verónica, que denunció a su expareja en 2009 y poco después solicitó retirar todas las medidas cautelares, sufrió un nuevo episodio violento el pasado 20 de julio que le llevó al hospital Carlos Haya. El historial de la joven y las lesiones que presentaba provocaron que los médicos activaran el protocolo de violencia de género con un parte que se envió tanto al juzgado como al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). El protocolo avanzó por esta vía con la atención a la joven entre los días 22 y 23 de julio con todos sus recursos disponibles -informador, psicólogo, trabajador social y abogado- y ofreciéndole una casa de acogida que rechazó en beneficio de la casa de sus padres, en cuyo portal fue asesinada. Sin embargo, la vía policial y judicial no fue tan fluida por dos motivos. Tal y como confirmó la Comisaría Provincial de Málaga, la Policía Nacional no pudo valorar los riesgos a los que estaba expuesta Verónica porque ella prefirió no denunciar a su expareja. La Valoración Policial de Riesgo (VPR), que determina si el riesgo es bajo, medio, alto o extremo y el tipo de protección que se le da a la víctima, requiere una denuncia previa en comisaría, por lo que el trabajo policial quedaría a expensas de la autoridad judicial, que en este caso actuó de oficio. Fuentes judiciales aseguraron que el expediente que aportaba el parte de lesiones de Verónica llegó a un primer juzgado el día 22, dos días después de la agresión que le produjo un hematoma en el hombro derecho y dos erosiones en la zona cervical, pero ese sólo el fue inicio de un largo periplo. Según esta versión, el informe llegó al Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, que se inhibió por causas obvias en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 que ese día estaba de guardia.

Sin embargo, las normas de reparto exigen que, en el caso de ser un caso reincidente, el proceso deber ser llevado por el juzgado original. Teniendo en cuenta que la fallecida denunció a su expareja en 2009 por un episodio de violencia de género que llevó el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2, al que más tarde solicitó retirar todas las medidas cautelares, el número 1 se inhibió en favor de este último.

Aunque las fuentes no precisaron cuándo se envió de un juzgado a otro, sí reconocieron que el expediente llegó a su destino definitivo ayer, es decir, más de veinticuatro horas después de que Verónica fuera asesinada y más de una semana después desde que llegara al primero de los tres juzgados, todos localizados en el mismo edificio de la Ciudad de la Justicia.