El grupo municipal de Izquierda Unida presentará la semana que viene en la comisión municipal de Deportes una moción de la portavoz adjunta del grupo, la concejala Toni Morillas, en la que pide al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de Andalucía el cierre del campo de tiro olímpico Guadalmedina, en los Montes de Málaga.
En concreto, la moción solicita que se inicien las acciones oportunas para cerrar el campo «por falta de licencia de apertura y otras irregularidades que se están produciendo».
La moción también instará al área de Deportes a que informe del seguimiento que ha realizado de estas instalaciones, así como otros departamentos municipales.
La propuesta de Izquierda Unida se presenta después de que el pasado domingo 10 de agosto un incendio presuntamente iniciado en el campo de tiro afectara a 260 hectáreas de monte, parte de ellas en el Parque Natural de los Montes de Málaga. De hecho, como adelantó La Opinión, la Junta barajaba el mismo día del incendio la implicación de varios tiradores del campo, cuyos tiros habrían causado las chispas que provocaron el fuego, algo que la Federación Andaluza de Tiro Olímpico tildó de imposible por las medidas «extremas de seguridad» que tiene el recinto.
Denuncias de Dairdeto. La moción se hace eco de la información adelantada por La Opinión el pasado mes de abril, con la denuncia de la Asociación de Deportistas Afectados por las Irregularidades del Tiro Olímpico (Dairdeto), que pedía al alcalde el cierre cautelar del campo por la falta de licencia de apertura e irregularidades medioambientales. Entre estas últimas, Dairdeto enumeraba la carencia de medidas de prevención contraincendios y la falta de tratamiento de aguas residuales, además de cubiertas de tiro deterioradas.
La moción destaca que, pese las cartas de denuncia enviadas a todas las administraciones, «al parecer, ni el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ni la Junta de Andalucía hicieron nada». IU destaca que «lo que sí hicieron fue protagonizar una fuerte polémica y acusarse mutuamente de tener responsabilidades y no actuar» cuando se produjo el incendio.
A este respecto, este diario adelantó el pasado 29 de julio, que la Consejería de Medio Ambiente había respondido por carta a Dairdeto y subrayado que no existían irregularidades en el campo de tiro. En relación con la denuncia por la falta de licencia de apertura, la Junta informó de que el campo fue autorizado por el Ministerio de Agricultura en una parcela de monte público en 1972, «durante un periodo de 29 años prorrogables previo pago de un canon anual de 4.079 pesetas». En 2001 la federación andaluza solicitó a la Junta la prórroga, que no fue concedida hasta el año pasado, y que concluirá en 2022. Además, el canon anual se actualizó a 8.602 euros, informó Medio Ambiente.
La Junta también descartó en la respuesta a Dairdeto las presuntas irregularidades medioambientales, dado que el campo de tiro contaba con la Autorización Ambiental Unificada, según un informe de julio de 2012 del Servicio de Protección Ambiental.
En una tribuna de opinión publicada el pasado 30 de agosto, la Delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Tiro volvía a rechazar las acusaciones y tachaba de «lamentables» las «declaraciones y conjeturas» de algunos responsables de la administración «fuera de toda lógica y sin fundamento técnico».
