Málaga encabezó el año pasado el número de procedimientos penales incoados en Andalucía, con un total de 258.272 casos, con un aumento de un 32,5 por ciento, según la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, que destaca que «en términos generales» la evolución de la criminalidad en Málaga y en el resto de Andalucía «no presenta cambios especialmente significativos», si bien destaca «repuntes de gran importancia», como la violencia doméstica o de género o algunas formas de corrupción.

Málaga va seguida de Sevilla, con 235.871 (un 3 por ciento más) y Granada, con 146.013, (un 0,4 por ciento más). Detrás de estas provincias están Cádiz (100.935, un 1,3 por ciento más); Almería (84.634, con un descenso del 4,8 por ciento); Córdoba (75.770, un 1,4 por ciento menos), Jaén (45.681, con un 4,2 por ciento menos) y Huelva (41.291, con un 0,8 por ciento más).

La lucha contra la corrupción se sostiene como una preocupación creciente de todas las Fiscalías del territorio (incluso en Fiscalías de Área y Secciones Territoriales) y de la propia Fiscalía Superior de Andalucía, que ha iniciado diversas investigaciones y apoyado otras que han sido realizadas en algunas fiscalías provinciales (Almería o Sevilla).

Esta preocupación no solo está relacionada con la fase de instrucción, sino con la preparación de recursos de apelación o casación o la asistencia a juicios orales de extraordinaria complejidad y extensión temporal, que inciden negativamente en su carga de trabajo y exigen un esfuerzo cada vez mayor y una relación continua con las unidades de Policía Judicial.

Las nuevas investigaciones que se han iniciado en 2013 siguen siendo muy numerosas, muy graves y evidencian que los factores desencadenantes de la corrupción política y financiera se vinculan por el incumplimiento de la legalidad administrativa; la falta de desarrollo de labores de intervención en el uso de fondos públicos y la insuficiente fiscalización contable dando inmediato traslado al Ministerio Fiscal de todas ellas.