La crisis económica empieza a hacer inviables los centros que atienden a personas con discapacidad en Málaga. La falta de liquidez de la Administración autonómica, que adeuda a seis asociaciones a fecha de hoy 3,7 millones de euros, les ha obligado a pedir créditos a entidades financieras y a postergar planes y proyectos que tenían previstos. La situación alcanza a todas las entidades no lucrativas de Málaga y provincia, pero en especial a seis de ellas: Aspromanis, Ceper, Apadisol, Asprodisis, Aspandem y Adipa. Estas seis asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual concentran a más del 50% de los usuarios de este tipo de servicios sociales.
La situación es endémica y les afecta desde hace cerca de tres años. Todas ellas ofrecen servicios de residencias, centros especiales de empleo, unidades de estancia diurna o centros ocupacionales para personas con discapacidad. Entre las seis concentran a alrededor de 1.500 usuarios malagueños y ofrecen trabajo a decenas de trabajadores expertos en la materia.
Por este motivo, sus responsables reiteran una petición que llevan haciendo años: que haya un calendario de pagos, que les ayudaría a planificarse y a saber cuándo se les ingresan las subvenciones, así como el reconocimiento de la deuda, lo que les ayudaría a que las entidades financieras les adelantaran las nóminas y pagos y no requirieran de créditos con sus correspondientes, e inevitables, intereses. «Nos debemos a nuestros usuarios», reconoce el director de Ceper, David Villar, que describe la situación como dantesca. Es más, la tilda de crónica, pues cada final de mes es una sorpresa: Nunca saben cuándo van a producirse los abonos.
Aunque denuncian: en la Delegación de Salud, Igualdad y Bienestar Social el mensaje siempre es el mismo. «Nos piden músculo financiero, es decir, que sobrevivamos con lo que tenemos mientras llegan los pagos, pero hace mucho que acabamos de vivir de la renta», dice el presidente de Aspromanis, Alfonso Rubio.
La situación afecta especialmente a estas entidades, las que mayor volumen de usuarios tienen en toda la provincia. Lamentan que desde Bienestar Social los pagos están llegando con más regularidad a las entidades menores. Por eso, critican que el Gobierno andaluz se escude en que el 80% de las entidades no gubernamentales recibe los pagos con cierta frecuencia. «Lo que no dicen es que las pequeñas asisten a menos de la mitad y que solo seis reunimos a la otra parte de usuarios», afirma Villar.
Hace ya un año y medio que denunciaron la situación. Como ya publicó entonces La Opinión de Málaga, las personas con discapacidad intelectual de la provincia podrían ver cómo peligra su asistencia en centros o residencias a tenor de los impagos. La situación, denuncian, no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado.
De hecho, se quejan de que apenas hay nuevas valoraciones en la Ley de Dependencia y que los criterios y las ratios se han complicado aún más. También denuncian que sus centros tienen plazas libres pese a estar concertadas. «Se amortizan las plazas», advierte el presidente de Aspromanis. El de Aspandem apunta que cada vez hay menos usuarios pese a que la lista de espera no ha menguado.
Los responsables de estos centros recuerdan que la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual depende en gran medida de que accedan a estos recursos. «Les dignifica como personas», señala Ricardo García, que indica que si no disfrutan de estos recursos quedan privados de dos derechos básicos: la asistencia y la formación.
Y es que los responsables ven grandes diferencias entre quienes están en centros y quiénes acceden a ellos por primera vez. «Viven la vida de sus padres. Del sofá al mercado y del mercado al sofá», destaca el director gerente de Asprodisis, Jacinto Castillo, que lamenta que estas personas no deciden, por lo que exigen que este derecho básico no desaparezca por la dejadez de las instituciones.
Por eso, denuncian que tanto la Seguridad Social como la propia Junta de Andalucía les exige los mismos mecanismos de control que a las empresas pese a que, recuerdan, ellos no se lucran y los beneficios redundan en los usuarios.
La Junta de Andalucía ha comunicado esta misma semana a las entidades no lucrativas que abonará antes de que acabe el mes la deuda en materia de dependencia. Los representantes de estas asociaciones se muestras escépticos y exigen que los pagos lleguen en fecha y forma para hacer frente a sus obligaciones, pues deben pagar las nóminas y a los proveedores, los cuales, manifiestan siempre han mostrado su comprensión.
Ricardo GarcíaASPANDEM
«Estamos buscando recursos, pero nos dan la callada por respuesta. No nos queda otra que pedir créditos y pagar intereses»
Alfonso RubioASPROMANIS
«No estamos aquí para sobrevivir ni para ver cómo pagamos nóminas. Estamos aquí para hacer algo por el colectivo»
David VillarCEPER
«Estamos haciendo encaje de bolillos para pagar a trabajadores y proveedores. Esta incertidumbre no te hace pensar en nuevos proyectos»
Estefanía CallejaAPADISOL
«Cuando acaban la educación obligatoria dejan de existir para la sociedad y las instituciones. Es un derecho básico, no debe desaparecer»
Jacinto CastilloASPRODISIS
«En impagos y financiación tenemos el mismo trato que una empresa, no hay discriminación positiva»
