Los jueces malagueños abrieron en 2013 un total de190.572 diligencias previas, lo que supone una caída de la criminalidad del 2,2%, lo que ya ha ocurrido en años anteriores, fundamentalmente porque ha cambiado el sistema de recogida de datos y porque la menor actividad económica se refleja también en la reducción de delitos de esta naturaleza.

Según consta en la Memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2013, a la que ha tenido acceso este periódico, prácticamente todos los grupos de delitos más graves han descendido. Los homicidios -consumados e intentados- han caído un 23,1%, hasta los 50 y en relación a los 65 de 2012. Los imprudentes suben de 19 a 21, mientras que los asesinatos consumados e intentados se mantienen en diez, cifra idéntica a la registrada el pasado ejercicio.

En 2013 se produjeron más de 54.000 delitos de lesiones, un número ligeramente menor al cosechado el año anterior. Llama especialmente la atención que se pasa de dos a seis delitos de tráfico de órganos.

Los ilícitos contra la libertad (detenciones ilegales, secuestros, amenazas, etcétera...) suben un 11,1%, hasta los 1.975, mientras que los delitos contra la libertad sexual se reducen casi un 4%, desde los 491 hasta los 473 cosechados el año pasado.

La Fiscalía malagueña señala además que la provincia arroja un total de 1.237 diligencias previas relativas a la violencia machista, frente a los 1.487 del año anterior. Disminuye la cifra de esta delincuencia en un 16,8%. Esta disminución se ve reproducida en los delitos más significativos: abandono de familia, 362 delitos, con una reducción del 15,8%; impago de pensiones con 799 casos, disminución del 9,4% o los delitos de abandono de niños, 41 delitos, con una disminución del 36%.

Los casos de tráfico de drogas suben hasta los 1.202 procedimientos, un 23,9%, mientras que el capítulo de infracciones contra el patrimonio baja un 6,8%, desde las 76.885 hasta las 71.624 diligencias previas, aunque suben mucho, por ejemplo, los robos en casas habitadas o locales comerciales, desde los 366 procedimientos hasta los 705 expedientes judiciales.

La Fiscalía malagueña se queja, precisamente, de los escasos medios con los que cuenta para combatir el crimen y pide más acusadores públicos, para, entre otras cosas, atender la labor de registro de datos, vital para dibujar la evolución criminológica de la provincia: sin datos, no se puede combatir policialmente a los delincuentes.

«La carga de trabajo que se soporta en esta Fiscalía es muy importante, casi abrumadora», dice el ministerio público malagueño. Faltan muchos fiscales, sobre todo en las secciones territoriales. «Es preciso reforzar su número para que se atiendan mejor algunas secciones especializadas, algunas de ellas al borde de la saturación», precisa el órgano, para pedir acto seguido muchos más funcionarios auxiliares.

Por último, apunta el fiscal, la investigación de ciertas formas de delincuencia, especialmente complejas, exige contar «con el apoyo de equipos de investigación adscritos a la Fiscalía e integrados por funcionarios de otras administraciones y de la Policía Judicial».