Málaga es la segunda provincia española, sólo por detrás de la ciudada autónoma de Ceuta, con menos plazas concertadas para personas mayores en residencias de ancianos, según un estudio con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2011, último dato disponible.
El vocal de Málaga de la federación que aglutina a las residencias para mayores gestionadas por fundaciones y ONG (Lares), Patricio Fuentes, reconoce que la provincia se sitúa a la cola de España. Por cada cien personas, hay un 2% de plazas concertadas, lo que contrasta con la media de España, de casi un 4,5% o con el 14% de Gudalajara.
Según el «IV Mapa LARES de la situación de los centros de mayores del sector solidario en España», las residencias y los centros de mayores acusan además las vacantes en las plazas que obligatoriamente tienen que reservar para las administraciones públicas. Estas plazas concertadas vacías «son un foco importante de pérdida de recursos económicos» porque si bien antes de «los recortes generalizados» las comunidades pagaban por adelantado una parte en concepto de reserva de la plaza, gobiernos como el andaluz o el valenciano lo han eliminado, generando incertidumbre financiera. Aragón tiene vacantes el 85% pero permite ocuparlas con demanda privada.
«El principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley es difícil de sostener en el caso de la Ley de la Dependencia, ya que hay significativas diferencias entre la oferta de servicios, las ayudas y el acceso a la atención en los diferentes territorios, y la tarea de unificar el acceso a estos derechos es una labor titánica, tanto desde el punto de vista político como de la gestión», expone Lares.
Plazas vacías y listas de espera
La descobertura de plazas públicas afecta en Málaga a todas las residencias de ancianos. La Junta se comprometió este año a cubrir el 85%, lo que deja vacías un 15% sine die. Patricio Fuentes alerta de que estas plazas vacías contrastan con las largas listas de espera, de las que la administración no rinde cuentas. Critica, incluso, que las plazas de urgencia social también tardan meses en resolverse. «Y sin embargo nos llaman desde hospitales o servicios sociales intentando conseguir plazas y siempre les digo que hay vacías, que se coordinen. Esta es una forma de dejar un 15% siempre vacío», lamenta.
Además, el también director de la Residencia Buen Samaritano de Cáritas Málaga critica que los retrocesos en la ley de Dependencia están desprotegiendo a los más débiles. «Los mayores con menos recursos están peor que hace veinte años», lamenta, mientras alerta de que hace dos décadas los ancianos más pobres tenían prioridad y, sin embargo, con la ley de Dependencia actual, todos los mayores tienen el mismo derecho, con lo que aquellos que no disponen de medios se ven más desamparados que nunca.
«Desde Cáritas lo que más nos preocupa es quienes no están atendidos. Es injusto que tengan derecho a su plaza y que no se la den porque tengan otras prioridades y no permitan cubrir el 100%», lamenta.
Pero la situación no sólo afecta a los usuarios que esperan una plaza para ser atendidos. También peligra la de aquellos que están en centros gestionados por fundaciones, ONG y empresas privadas, pues las autonomías les adeudan muchos meses de subvenciones y pagos. Según el estudio de Lares, la deuda más grande la tiene Andalucía, que debe a asociados 52 millones de euros desde el año 2012. Además, según señalan, es una de las regiones del país donde retrocede la Ley de Dependencia.
Impagos
Desde el departamento de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, recordaron que el Gobierno andaluz ha abonado esta semana más de 55 millones de euros a las entidades sociales en materia de dependencia, cumpliendo el compromiso adquirido por la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, en la reunión celebrada recientemente con la Mesa del Tercer Sector.
En cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, afirman que sigue siendo la comunidad «líder», aglutinando el 22% de todas las personas beneficiarias en el territorio nacional. Además, apuntaron a que la financiación de esta ley recae en un 72% sobre Andalucía, «ya que el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales ha reducido su aportación al 28%, cuando el planteamiento inicial de financiación fue a partes iguales entre el Gobierno y las comunidades».
Sin embargo, el presidente de Lares Andalucía, José Manuel Olmedo, lamenta que la situación de impagos es crónica desde 2012 y que esta está afectando al funcionamiento de las residencias que atienden a mayores donde, de mantenerse la situación de deuda, podría peligrar incluso la atención que se presta a los ancianos de toda la comunidad en estos centros.
Además, lamenta que pese a los esfuerzos y los créditos que pagan para sobrevivir a esta situación, la Junta no deja de exigirles nuevos certificados de calidad y decretos que complican su trabajo y el mantenimiento de sus empleados. «Andalucía está por debajo de la media del precio público y, sin embargo, tenemos la normativa más exigente en cuanto a ratio de personas».
