El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos la presunta vulneración de la privacidad de la firma digital de los trabajadores de la Administración de Justicia en Andalucía. Según informó ayer el sindicato, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, en la implantación de la plataforma de intercambio Lexnet, está obligando a los trabajadores a usar su firma electrónica privada, persona física, para los trámites laborales conculcando así el derecho de privacidad de sus datos de carácter personal. Lexnet es una herramienta informática de comunicación de resoluciones judiciales de la Administración con los usuarios, cuyas comunicaciones deben enviarse firmadas electrónicamente por los empleados públicos.
Según la versión sindical, la Junta de Andalucía, en lugar de facilitar la firma electrónica profesional de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), «obliga a los trabajadores a usar la particular o bien de carecer de ella obliga a los trabajadores a solicitarla a la FNMT para el uso de sistema Lexnet y otras aplicaciones como las de archivo judicial». «Esta firma es la misma con la que realizan gestiones personales, bancarias, sanitarias y cualquier otra en la esfera de su vida privada», aseguraron.
