El nivel de economía sumergida que se mueve en el sector de la hostelería, acrecentada durante la crisis, es una de las grandes preocupaciones de la Inspección de Trabajo en Málaga, que viene realizando en los últimos años una campaña especial centrada en los meses de verano para sancionar a las empresas que no tienen dados de alta a sus trabajadores o les hacen echar más horas que las que estipula su contrato. En este 2014, la Inspección lleva realizadas casi 1.400 inspecciones en bares, restaurantes, chiringuitos o discotecas que se han saldado con 458 infracciones en diferentes empresas y unas propuestas de sanción que ascienden a 1,7 millones de euros, según explica a este periódico el jefe de este departamento, Alfonso Conejo.
La labor inspectora es constante, pero suele incrementarse de marzo hasta finales de verano en paralelo a la temporada alta turística. En mayo y junio se realiza un campaña específica con controles sorpresa en el segmento de bodas, bautizos y comuniones, a sabiendas de que son eventos donde las empresas tiran mucho de la figura del trabajador extra (un refuerzo puntual de plantilla) sin que a veces se produzca el alta en la Seguridad Social. En agosto, en cambio, las inspecciones se vuelcan mucho con la Feria de Málaga, para evitar la proliferación de personas trabajando sin contrato en casetas o bares.
Un primer balance de la campaña revela que los controles han permitido regularizar durante todos estos meses la situación de 510 trabajadores malagueños. La mayoría de ellos fueron localizados por los inspectores trabajando sin estar dados de alta a la Seguridad Social, lo que hará que las empresas donde prestaban sus servicios se vean obligadas a pagar una multa de 3.126 euros por cada persona en esta situación irregular, con recargos a partir del 20% conforme sube el número de afectados. En 42 ocasiones, el trabajador sin contrato se encontraba además cobrando el desempleo, algo que supondrá para la empresa que los cobija una sanción de carácter muy grave y un multa añadida de otros 10.000 euros por individuo (también con recargos).
Conejo explica que en estos casos no hay sanción para el trabajador aunque sí se le corta automáticamente el derecho a la prestación que estaba recibiendo. Además, la Seguridad Social apunta lo que esa persona ha cobrado de forma indebida como deuda a recuperar en un futuro, descontándolo de futuras prestaciones.
Estas inspecciones han posibilitado obtener además una recaudación inducida de otros 276.000 euros para la Seguridad Social, correspondientes a bases de cotización no satisfechas, diferencias relativas a convenios colectivos o prestaciones de desempleo recuperadas.
Sólo «la punta del iceberg»
El responsable de la Inspección, organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, apunta que las cifras de infracciones y de trabajadores afectados en este 2014 superan en casi un 11% a las del año pasado, aunque cree que, en líneas generales, el nivel de economía sumergida se mantiene estable durante los años de la crisis. Eso sí, Conejo reconoce que la realidad detectada por los inspectores de Trabajo viene limitada por los medios humanos disponibles en este departamento, algo que también comparten los sindicatos.
El secretario andaluz de la Federación de Hostelería, Comercio y Turismo de CCOO, Gonzalo Fuentes, valora el trabajo de la Inspección pero asegura que estos resultados son sólo «la punta del iceberg» de un fenómeno muy extendido entre el sector hostelero.
«Si hubiera el triple de inspectores habría el triple de sanciones. Hablamos de muchos locales de ocio nocturno en Puerto Banús, Puerto Marina o el propio Centro de Málaga en los que se dan estas situaciones irregulares y a donde es más difícil que lleguen las inspecciones», comenta. CCOO denuncia que la economía sumergida es «una lacra que crece año a año» y pone el énfasis en los contratos a tiempo parcial que, a su juicio, se han convertido tras las últimas reformas en un foco de fraude laboral. Según los datos del sindicato, una media de 64.000 personas trabaja en el sector de la hostelería de Málaga durante los meses de verano aunque una gran parte no lo hace echando la jornada laboral completa sino trabajando por horas, algo que dificulta aún más el control.
«Estamos hartos de ver casos de trabajadores con contratos por dos horas que en realidad echan diez. Pero mienten cuando llega un inspector por miedo a que la empresa los eche», añade Fuentes.
La Inspección de Trabajo recuerda que, legalmente, los empresarios deberían consignar día a día el horario de entrada y salida de estas personas en lo que se denomina el «registro laboral», por si le es requerido durante la visita de un inspector. Sin embargo, los sindicatos afirman que la mayor parte de los empresarios no secundan esta práctica, lo que deja el trabajador enormemente desprotegido. Otra irregularidad denunciada por CCOO es que el 90% de estas personas suelen descansar sólo un día a la semana cuando lo estipulado legalmente son dos. Ante todos estos problemas, Fuentes demanda más inspectores.
«Se necesitan más medios. Y el Estado debería saber que es una inversión porque con más inspectores se detectaría más fraude laboral y subiría la recaudación fiscal», concluye.
