No se aprecian grandes gestos de júbilo. Tampoco, siquiera, de alivio generalizado. A pesar de la euforia de algunos diputados, los vecinos de Pedregalejo, El Palo y La Araña no han dado la bienvenida al reglamento de la ley de Costas como si se tratara de la antesala a una solución heroica y definitiva. A falta de su publicación en el BOE, el proyecto diseñado por el Gobierno, que plantea una nueva moratoria de 75 años para las casas de pescadores alineadas en el espacio marítimo-terrestre, parece chocar de frente con las dudas de los afectados. Sobre todo, en lo que se refiere a la contrapartida económica -asegura que desconocen el coste anual del futuro canon y que nadie se lo ha explicado-, pero también a la lectura de fondo del problema por parte de la administración, que para muchos ha sido decepcionante.
En la barriada de Pedregalejo, los vecinos se declaran, en su mayoría, desilusionados. Creen que se ha agotado una nueva oportunidad sin atender a su principal reivindicación: la cesión de la titularidad de los terrenos a los propietarios que los han usufructuado en todas estas décadas, lo que significaría, de hecho, el salto a la legalidad de la línea de edificaciones más característica de la barriada, todavía, y en pleno siglo XXI, en una especie de limbo jurídico y urbanístico. «Creíamos que se iba a hacer como con las viviendas protegidas de El Palo, que la propiedad pasaría a manos de las familias, con un precio y un plazo a pagar», señala Antonio Delgado, presidente de la asociación.
Las palabras del representante vecinal no son gratuitas. La nueva formulación de la ley de Costas, que echó a rodar con la entrada en el Gobierno del PP, se inclinaba en sus inicios por una solución más ambiciosa. El primer borrador del texto, sin ir más lejos, abría la puerta a la desafectación completa del barrio, que se justificaba en su solidez y en su condición de colonia popular tradicional. En España son alrededor de 12.000 las viviendas atrapadas en la misma situación. Algunas, como las de Málaga, construidas con anterioridad a la normativa. Otras, surgidas al socaire de la cultura del pelotazo, en muchos casos en manos de propietarios extranjeros, que están dispuestos casi a montar un contubernio diplomático con tal de no perder su inversión.
Adolfo García, también del colectivo de Pedregalejo, es consciente de la dificultad formal que entraña el problema. Quizá, sostiene, la ampliación de la concesión sea la única solución jurídicamente viable en este momento. En otras cosas, porque la ley está recurrida en su conjunto, y a instancias del PSOE, en el Tribunal Constitucional. No obstante, reprocha a la administración su falta de comunicación con los vecinos: «Necesitamos que vengan y expliquen punto por punto porque han optado por este camino y lo que va a suponer. Nos ofrecemos a convocar una asamblea», indica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos gravita en torno a la cuantía del canon que el Gobierno tiene previsto cobrar anualmente por permitirles habitar en un suelo que, en su mayoría, y pese a innúmeras contradicciones, sigue siendo de titularidad pública. De momento, y según ha podido saber este periódico, se habla de un coste que podría suponer el 6 por ciento del valor catastral de la vivienda. Si se tiene en cuenta el baremo medio del país, que ronda los 60.000 euros, la cantidad podría elevarse a 3.600 euros por familia, aunque todo depende de la antigüedad, el tamaño y la situación patrimonial del inmueble.
Mercedes Pirez, presidenta de la asociación de El Palo, se inhibe de hacer declaraciones hasta que el reglamento no salga publicado en su conjunto. No obstante, admite la inquietud por una exigencia que, si se declina por lo alto, podría producir un fuerte quebranto en la salud económica de los habitantes de las casas en litigio.
En Málaga el número de viviendas afectadas por el corte de la ley de Costas se eleva a 517. La mayoría se emplazan en Pedregalejo, El Palo y La Araña, aunque también suman en este apartado los núcleos de El Copo, Lagos y Mezquitilla, además de algún ejemplo aislado como el de la residencia Marymar, en Benalmádena. La complejidad del conflicto se eleva si se advierte que en algunos de estos puntos, como los de la capital, todavía no se ha completado el deslinde, por lo que, en teoría, no existe retícula oficial que permita distinguir entre las viviendas que se asientan en espacio público y las que no.
El nuevo reglamento de la ley introduce también una importante novedad: la posibilidad, con todas las garantías, de vender y traspasar las casas mientras siga vigente el periodo de concesión. Las dudas, en este punto, se concentran en los plazos. La actual autorización de Costas expira en 2018. «No sabemos si el nuevo periodo comenzará a computarse a partir de ahí o con carácter retroactivo. Hay mucho que aclarar», reseña Adolfo García.
