El magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, participó ayer en un debate sobre la problemática del blanqueo de capitales que se celebró en Málaga. Ante numerosos economistas y abogados, el juez de Álora trató de acercar la temática de este delito a los profesionales que puedan verse relacionados con este tipo de delito en el transcurso de su ejercicio profesional.

Bermúdez aseguró que España cuenta en estos momentos con una de las legislaciones más punitivas de toda Europa, hasta el punto de asegurar que «hoy día cualquier ciudadano puede cometer un delito de blanqueo», y advirtió del riesgo de «convertir en delincuentes a personas que en realidad no lo son». Peligro potencial que procedería de haber estirado el Código Penal hasta el punto de hacerlo «extensivo a todos los sujetos de la sociedad que pueden cometer un delito por simple imprudencia».

Bajo el término de blanqueo de capitales se abarcan una serie de conductas que están orientadas a la incorporación al tráfico legal de bienes procedentes de actividades ilícitas, que en España están legisladas por la Ley 5/2010. Ésta se engloba en el apartado de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo. A pesar de contar con una legislación «muy avanzada en la prevención», Bermúdez aseguró que se siguen cometiendo este tipo de delitos. «Blanquear se blanquea en España y en el resto del mundo. Lo que pasa es que aquí llama mucho la atención porque el blanqueo en la Costa del Sol está relacionado con el mercado inmobiliario», explicó el juez, haciendo alusión a las mafias y organizaciones criminales que tienen su base de operaciones en los pueblos de la costa.

Envuelto en una espiral de búsqueda para evitar el cometido de cualquier tipo de blanqueo, la última reforma de la Ley 5/10 introdujo nuevas conductas sancionadoras que extendieron el Código Penal hasta el punto que «cualquier persona puede cometer hoy día un delito de blanqueo de capitales por imprudencia».

Como principal problema del actual Código Penal, Bermúdez explicó que con la legislación actual no es necesario demostrar que «el blanqueador tenga algún tipo de ánimo de lucro», lo que ampliaría las conductas hasta el punto de que se está corriendo el riesgo de «rizar el rizo», porque el derecho actual no diferencia «entre los sujetos activos del delito y el blanqueo imprudente». Esto afectaría en el día a día, sobre todo, a las transacciones inmobiliarias en las que se escritura la vivienda por debajo del precio de venta real y un porcentaje del precio de venta se pagaría en negro. «Hemos ampliando tanto el círculo que tenemos que tener cuidado a ver hasta dónde vamos a llegar», advirtió Bermúdez, que se mostró favorable a adaptar la legislación a los países del resto del entorno europeo, en los que el blanqueo tendría que estar procedido por «una clara intención de cometer un delito».

Sobre la posible intención que estaría buscando una legislación tan rígida, Bermúdez esgrimió la creación de una cultura para evitar determinadas conductas de fraude, que al contrario que en otros países, no habría existido en España. «Aquí había tiempos en los que parecía que defraudar a Hacienda era casi una obligación», se lamentó el magistrado.

En cuanto a posibles mejoras que se podrían introducir, Gómez Bermúdez recordó que «aunque la legislación es la adecuada, si es muy rígida se tendría que mejorar». Así, el juez se mostró favorable a introducir unos elementos y una terminología que especifique cada caso y no «deje tanto margen a la interpretación». En relación con el ámbito profesional de abogados y economistas, Bermúdez lamentó el comportamiento del legislador, por poner el «acento en el objeto y no en el sujeto». El magistrado terminó su intervención recordando que España es también el país que más sanciona a sus profesionales por blanqueo imprudente, estableciendo «cargas económicas difíciles de sostener para muchos despachos».