­El Ayuntamiento de Málaga ha excluido de la convocatoria para optar a 30 plazas de bomberos a 12 ciudadanos extranjeros al aplicar el criterio de que los bomberos son funcionarios que ejercen autoridad (como policías u otras fuerzas de seguridad), lo que limita solo a personas de nacionalidad española la posibilidad de optar a un puesto en este cuerpo, según explicaron fuentes del área de Personal.

El Ayuntamiento puso en marcha este año la oferta pública de empleo de 2008, que prevé la incorporación de 30 puestos de bomberos.

A las oposiciones convocadas al efecto se han presentado más de 1.700, de los que 1.619 han sido aceptados y 95 han quedado fuera por diversas razones. De ellos, 12 ciudadanos extranjeros han sido excluidos por «no reunir los requisitos de la nacionalidad», según reza en la lista definitiva que se cerró el pasado 24 de octubre.

Acuerdo plenario

Según indicaron las fuentes del área de Personal, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, vigente desde 2007, señala que los extranjeros de los estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, «con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas», es decir que ejerzan funciones de autoridad.

A partir de ahí, la ley fija que cada comunidad autónoma o ayuntamiento determinará qué funcionarios son considerados como autoridad y ejercientes del poder público.

En el caso del Ayuntamiento de Málaga, según el área de Personal, se reguló la exclusión para la Policía Local y para el Cuerpo del Servicio de Extinción de Incendios. Por ello, existe un acuerdo plenario adoptado en 2001, en el que se establece que las plazas pertenecientes a la Policía Local y Bomberos quedan reservadas a funcionarios/as con nacionalidad española.

Pese a ello, el grupo municipal de IU ha mostrado su rechazo a esta exclusión por considerarlo «discriminatorio hacia los extranjeros y contrario a la normativa vigente».

El grupo de IU considera que el acuerdo plenario de 2001 debe revocarse, pues es muy anterior en el tiempo a la Ley del Estatuto del Empleado Público que se aprobó en 2007, por lo que defiende que se plantee un nuevo acuerdo plenario que «se ajusta a derecho y no comprometa la igualdad entre nacionales y extranjeros».

Por ello, IU llevará una moción al pleno de octubre en la que defiende la retirada del requisito en las bases de la oposición.

Los excluidos van a presentar alegaciones

El grupo de IU recuerda que está en vigor el plan estratégico de inmigración y convivencia que «tiene como objetivo general fomentar la plena integración de las personas inmigrantes en todos los ámbitos de la sociedad malagueña», entre los que destaca el «fomentar la integración sociolaboral de los inmigrantes en el mercado de trabajo».

El grupo recuerda en su moción que «en todas las bases de otras convocatorias, recientemente en Fuengirola, en enero en Valencia, Granada, Vitoria, Almuñécar o Cuenca, no se exige que sea español para poder presentarse a un puesto de funcionario». Por este motivo, anuncia IU, los candidatos excluidos, van presentar alegaciones a la exclusión de la convocatoria a través de sus asesores jurídicos