Nuevo episodio en la polémica que persigue a los Baños del Carmen. La Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía volverá a someter a escrutinio en los próximos días el proceso de venta de la concesión para la explotación comercial de parte del antiguo balneario, que recientemente ha pasado de las empresas Vera y Acha a una sociedad privada cuya portavocía ejerce actualmente el empresario y exconcejal Damián Caneda.
La Administración autonómica ha entregado en mano un oficio a las partes implicadas para que presenten toda la documentación relativa al traspaso de las acciones. Una vez remitidos los contratos y datos, para lo que la Junta ha establecido un plazo máximo de diez días, el Gobierno andaluz se pronunciará sobre la validez de la transacción y establecerá, si procede, los mecanismos necesarios para corregir los defectos que pudieran ser advertidos en el proceso de compra.
De acuerdo con el delegado de Medio Ambiente, Javier Carnero, será el gabinete jurídico de la Administración autonómica el encargado de determinar si la venta cumple con las condiciones básicas y los planteamientos de la ley de Costas. En caso de que se subsanen los errores detectados en primera instancia, los nuevos concesionarios podrán explotar los Baños hasta 2018. Por el contario, si finalmente no se da validez a la venta, quedaría por decidir a qué institución le corresponde iniciar el rescate de las concesiones, responsabilidad que, insiste Carnero, no asusta a la Junta, que en ningún caso, abundó, «rehuirá la situación».
En cuanto al ofrecimiento del alcalde de Málaga de promover un encuentro entre la administración autonómica y Costas, Carnero insistió en la tendencia a «llegar tarde» que, según él, caracteriza a la gestión del regidor Francisco de la Torre. El delegado territorial informó de que la propia Junta ya remitió este pasado viernes una carta a la Demarcación de Costas para celebrar una reunión técnico-jurídica. «Lo mejor que puede hacer el alcalde es mantenerse al margen y dejar que sean las dos administraciones competentes las que solucionen el problema; son precisamente los embrollos políticos los que nos han llevado a este punto», sentenció.
La nueva concesionaria puso ayer formalmente a la venta las acciones compradas a Vera y Acha, que están depositadas en la notaría de Federico Pérez-Padilla, situada en la céntrica calle Martínez de la capital. Con este movimiento, el colectivo, que ha invertido en el proyecto 1,1 millones de euros, pretende, de paso, desmentir al alcalde, Francisco de la Torre, que recientemente aseguró que existían varias empresas interesadas en participar en la renovación y explotación del recinto. «Si es verdad que hay alguien que quiere comprar, pues adelante. Y si superan el precio, le damos la diferencia a Cáritas. Pero dudo mucho de que ocurra. Vera lleva un año intentando vender la concesión y no ha aparecido nadie», detalló Caneda.
Las acciones en posesión del grupo de empresarios que representa el exedil se ofertarán durante toda la semana. Caneda asevera que el grupo, que asegura haber puesto sobre la mesa 100.000 euros para limpiar y adecentar el restaurante del balneario, «no quiere ser un obstáculo» para la recuperación del recinto, pendiente de remodelación desde hace más de dos décadas. «Hemos traído dinero, talento y trabajo y ahora estamos en un limbo esperando que se adopte una decisión», resaltó.
A pesar de sus críticas, el exconcejal cree que, tanto la Junta como el Ayuntamiento, que carece de competencias respecto a la venta, han aligerado su actitud en la última semana. En este sentido, no descarta que la sociedad privada pueda seguir poniendo en marcha su proyecto, que ayer fue presentado en una reunión informativa a las asociaciones de vecinos de la zona Este.
Para Caneda, la objeción de las administraciones responde a «un castigo político» que tiene en el centro el reciente pasado del empresario como miembro del equipo de gobierno. «Es la mezquindad y la política. Pero llevo toda la vida sacando iniciativas adelante y estoy acostumbrado a enfrentarme a problemas», reseña.
La concesionaria en la que se integra Caneda, que también cuenta entre sus socios con otro exedil del PP, en este caso José Luis Ramos, está convencida de que su presencia activa en el entorno es una buena opción para el antiguo balneario. Entre otros aspectos, por su rapidez de acción, que, para el empresario, ha quedado atestiguada con el trabajo impulsado hasta el momento. «Tenemos la posibilidad del trabajo y del acuerdo o esperar el rescate de la concesión, la salida a concurso y los recursos intermedios que se interpongan, con lo cual no se podría hacer nada en un mínimo de seis o siete años», señaló. «¿Es esta la mejor alternativa después de más de dos décadas de espera?», se pregunta el exconcejal.
En conversación con este periódico, Caneda defendió el proyecto de reforma emprendido por la nueva concesionaria, que ha planteado, insistió, una recuperación del espacio con éxito comercial a medio y largo plazo. A principios de noviembre, el exedil, coincidiendo con su regreso a España, no dejó al margen de sus críticas al alcalde, con quien compartió responsabilidades en el equipo de gobierno hasta el pasado verano. «No es un tema jurídico ni de sentido común, sino que responde a motivos electorales, de unos y de otros y de los de en medio», concluyó.
