La provincia de Málaga cuenta con un total de 46 centros especiales de empleo que dan trabajo a miles de personas con discapacidad física, intelectual o sensorial. Todos estos centros, dependientes de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, llevan sin cobrar todo 2014 tras la derogación de la ley que regulaba cómo solicitar los incentivos a la contratación. Esta normativa, que depende de la Junta de Andalucía, da en calidad de subvención el 50% del salario mínimo interprofesional por cada trabajador. Desde su retirada en marzo de este año los centros especiales de empleo, no han podido entregar la documentación, por lo que no han podido cobrar los meses correspondientes.
La situación, que afecta a todos los centros especiales de empleo de la comunidad autónoma, va más allá de la derogación de la norma. La Consejería de Empleo adeuda parte de 2013 a muchas entidades malagueñas. En el caso de Sevilla, la situación, según las fuentes consultadas, se dilata hasta 2012. Unos números que según los expertos no concuerdan con el aumento de los presupuestos del Estado, que de 2013 a 2014 aumentaron en once millones la partida específica para esta materia destinada a la comunidad autónoma. «Y sin embargo, no pagan», lamentan las fuentes, que se preguntan dónde estará la partida económica de 2014 tras haber dejado de pagar a los centros durante todo el año.
Este limbo administrativo en el que se hallan los centros especiales de empleo ha llevado al cierre a más de uno. Todos los que de momento permanecen abiertos lo hacen a duras penas sobreviviendo a base de créditos y de la comprensión de los propios trabajadores -unos 120.000 en toda la región- que cobran a cuentagotas. Según varias fuentes, a fecha de 2013 el Gobierno andaluz adeudaba a todos los centros de la comunidad un montante de 30 millones de euros, por lo que la deuda actual multiplica esta cifra y, mes a mes, se incrementa.
Aspromanis Servicios es una de las entidades afectadas. Empleo les debe más de 100.000 euros correspondientes a todo 2014 y la mitad de 2013. Llevan sin pagarles por las personas con discapacidad a las que dan trabajo 18 meses. Esta entidad da empleo a 17 personas en labores de limpieza, jardinería o lavado de vehículos.
La directora de Aspromanis Servicios, Lina Ocaña, señala que los impagos comenzaron hace cuatro años, aunque la situación se ha agravado en los últimos meses. «Estamos cobrando con muchas dificultades, este mes hemos cobrado un anticipo, vamos a tirones, lo estamos pasando mal», advierte, al tiempo que reconoce que algunos de los empleados están teniendo problemas para afrontar los pagos de sus hipotecas.
Como la propia Ocaña recuerda, este tipo de centros vienen a paliar lo que no hacen las administraciones. Los trabajos que llevan a cabo estas personas, que suelen ser básicos y de no mucha complejidad, les ayudan a integrarse laboralmente en la sociedad. «Ojalá no tuvieran que existir los centros especiales de empleo, pero si no lo hicieran, ¿todos los que están trabajando en ellos estarían en una empresa normal? No», lamentó. Y es que para la directora del centro especial de empleo de Aspromanis debería existir una normativa que exigiera a los empresarios contratar a personas con discapacidad. «De hecho, según la actual, las empresas con más de 50 trabajadores deben tener un cupo, pero prefieren pagar la multa, que es mínima, o contratar los servicios de nuestros centros», dijo.
Desde el centro Más Social, su director, Miguel del Pino, que emplea a cincuenta personas con discapacidad en labores de mantenimiento, conserjería y limpieza, señala que la situación actual es de incertidumbre y supervivencia. «Nosotros llevamos todos los pagos al día, pero hay otros que llevan muchísimo tiempo sin pagar a su trabajadores», dijo, al tiempo que lamentó que el principal problema es que no saben cuándo saldrá la nueva normativa que les permitirá saber cuando cobrarán y en qué condiciones.
Es más, les preocupa que esta varíe en las formas y pueda no aceptar algunos tipos de contratos para reunir las condiciones del cobro de subvenciones, como los de media jornada o los que se hacen para un mes. Por este motivo, los centros especiales de empleo sospechan que la derogación de la norma suponga recortes encubiertos. Para combatir esta situación y otras que puedan surgir en el futuro, varios centros especiales de empleo de la provincia van a agruparse en torno a una asociación para hacer y tener más fuerza. En fase de inscripción asociativa, esta se denominará Asociación de Centros de Empleo de Málaga (Acema) y su presidente será el de Aspromanis, Alfonso Rubio.
