La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, defendió ayer que el contrato de investigación que tiene el responsable de la Secretaría Política de Podemos, Iñigo Errejón, es un procedimiento «completamente regulado» por ley. «No creo que se salga de los márgenes de lo que se hace siempre», añadió De la Calle, quien precisó además que se le ha renovado de forma trimestral «porque ha cumplido con el encargo».

La Universidad de Málaga tiene unos 600 investigadores con este tipo de contratos, sujetos a la legislación vigente al respecto, según dijo. «Gracias a eso gente muy valiosa, que no podemos contratar por otro tipo de contrato, están cubriendo las necesidades de investigación que tenemos en la UMA y en todo el sistema universitario español», recalcó.

De la Calle indicó que, tras sacarse un concurso público, hay una comisión que elige entre los que concurren al que mejor se adapta a lo que pide el investigador principal. Es un contrato por obras y servicios y cuando se acaba ese proyecto el contrato finaliza «y se tiene que dar cuentas a la parte contratante», en este caso a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

La Universidad de Málaga es «un mero ejecutor de la firma y de llevar el control de que las facturas cumplen todos los requisitos para pagarle cada mes», añadió.

No parece tan convencida de ello la presidenta de la Junta de Andalucía, que ayer metió el dedo en la llega poniendo en duda la limpieza del proceso que sirvió para que Errejón se hiciera con esta contrato de investigador en la UMA. «Llama la atención que para una plaza de celador se presenten miles de licenciados y para esta contrato sólo una persona», dijo con sarcasmo Susana Díaz, durante una visita a la localidad sevillana de Estepa.

La presidenta andaluza garantizó que el responsable de la Secretaría Política de Podemos tendrá que devolver el dinero público recibido «si no ha trabajado lo firmado» en el contrato de la beca de investigación.

La jefa del Ejecutivo andaluz dejó claro que, «igual que en el resto de recursos públicos, si no se ha obrado correctamente y no se ha trabajado aquello que se ha firmado en el contrato, la Junta va a pedir el reintegro de las cantidades recibidas de fondos públicos que son de todos». Díaz puso de manifiesto que el contrato establece que «tenían que ser 40 horas presenciales» y el propio Errejón «ha reconocido que no ha sido así».

Por este motivo, aseguró que desde la Junta «vamos a pedir que se demuestre si se ha hecho el trabajo y si esos recursos que han salido de la Junta de Andalucía se han gastado correctamente».

En el mismo sentido se expresó ayer el líder de IULV-CA, Antonio Maíllo, quien afirmó que si Errejón no ha usado el dinero público recibido de la Universidad de Málaga para la tarea investigadora para la que fue contratado, tendrá que «devolver el dinero». En conferencia de prensa en Córdoba, Maíllo insistió en que que, en este caso, su formación hace «como siempre», y pide garantizar que el dinero proveniente de los recursos públicos «se utilice para los objetivos para los que se han planteado». «El dinero que se da desde recursos públicos está para utilizarse en las condiciones en las que se dieron», señaló.

Este maremágnum de declaraciones obligó ayer a Errejón a salir de nuevo al paso de estas acusaciones y afirmó que fue «cumpliendo» las tareas que le asignaba el grupo de investigación de la UMA y por eso le iban «renovando cada tres meses el contrato, supeditado a que el grupo encontrara satisfacción en el trabajo que iba haciendo». Es lo mismo que explicó el pasado lunes a este periódico Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad e investigador principal del proyecto, y amigo de Errejón.