La moratoria decretada por la Junta de Andalucía para construir en el litoral se extenderá otros seis meses, sumándose a los dos años de paralización de los proyectos urbanísticos incluidos dentro de la franja de 500 metros junto al litoral que se aplica desde noviembre de 2012.
El Consejo de Gobierno decidió ayer ampliar la polémica moratoria de dos años en otros seis meses, lo que ha soliviantado a los alcaldes de la costa, la mayoría del PP, por considerar que este bloqueo frena muchos proyectos urbanísticos sin un argumento suficiente.
La decisión del Consejo de Gobierno se justifica en conceder más tiempo para estudiar y tramitar las 3.547 alegaciones presentadas al llamado Plan Litoral, aprobado por la Junta de Andalucía en noviembre de 2012 y que está pendiente de una redacción definitiva.
Así, durante los próximos seis meses la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio elaborará el documento final que regulará la protección del litoral andaluz, incorporando las propuestas incluidas en las alegaciones durante el periodo de información pública, presentadas tanto por los municipios afectados como por grupos profesionales, centros universitarios y organizaciones empresariales, sindicales y ecologistas.
La decisión del Consejo de Gobierno, que se hará efectiva mediante decreto ley, mantiene la suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados en los 52 municipios costeros andaluces, que en el caso de la provincia afectan a once, dejando fuera a Málaga, Marbella, Fuengirola y Nerja, que tienen sus planes urbanísticos adaptados al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Críticas El resto de municipios, la mayoría gobernados por el PP, no ha recibido bien la noticia de la moratoria. El concejal de Urbanismo de Mijas, Manuel Navarro, recordó que este plan «llega tarde» para la defensa medioambiental de varios enclaves como «la finca de un pinar espectacular y unas dunas en las que no se puede construir»; en una «modificación de elementos donde la Junta había previsto un hospital, cuyos inversores ya hace años que desaparecieron»; y otro «pequeño terreno», donde sí paraliza una actuación que estaba «en marcha», en concreto son viviendas junto al CIO Mijas. «Es lógica la franja de protección de 500 metros, pero entendemos que debe ser siempre que no existan delante espacios ya consolidados y extensos, como ocurre en este caso», afirmó el edil.
Además, Manuel Navarro se mostró muy crítico con la invasión de competencias del plan litoral en el planteamiento ya diseñado para el municipio. «Aquí nos tiene la Junta abriendo pleitos judiciales, porque no se nos reconoce nuestra legalidad como consecuencia de que nos ha sometido durante los últimos once años a un auténtico caos urbanístico», reiteró.
El alcalde veleño, Francisco Delgado Bonilla, aseguró que la medida acordada por el Consejo de Gobierno «provocará una mayor inseguridad jurídica de la que ya existe», ante la posible llegada de potenciales empresarios con interés en invertir en la franja litoral. «La medida aprobada por el Ejecutivo encabezado por Susana Díaz va a espantar a los inversores. Se les llena la boca de decir que van a generar mayor empleo y riqueza en Andalucía y es todo mentira, como ha quedado demostrado una vez más», indicó.
El Ayuntamiento de Estepona, por su lado, aseguró que permanece «a la espera de que la Junta de Andalucía resuelva» las alegaciones que presentó. Además, según fuentes del equipo de gobierno del PP, el Consistorio mantuvo un encuentro con responsables de la propia Administración autonómica «para analizar dichas alegaciones y solicitar que cinco áreas del municipio no se viesen afectadas por el nuevo plan».
Exigencias del Plan Litoral El Plan Litoral que quiere sacar adelante la Junta de Andalucía, entre otras exigencias, limita los crecimientos urbanísticos de los municipios al equivalente del 30% de la población y sobre un 40% del territorio.
La suspensión, que se mantiene desde 2012 para garantizar el cumplimiento de las previsiones del Plan Litoral durante su elaboración, afecta exclusivamente a los suelos protegidos ya identificados expresamente en el documento sometido a información pública.
Por lo pronto, la Junta de Andalucía ya suspendió la urbanización de trece parcelas del litoral malagueño donde se iban a construir 4.000 viviendas. La Comisión Provincial de Urbanismo estableció una especial protección para las 1.700 hectáreas costeras que no han sido construidas y que incluye estas parcelas.
