Izquierda Unida no descarta llevar a la Junta de Andalucía, donde gobierna en coalición con el PSOE, ante la Fiscalía si la administración no paga las prejubilaciones a los extrabajadores de la textil Hitemasa, la antigua Intelhorce.

La parlamentaria andaluza de IULV-CA por Málaga Dolores Quintana anunció ayer en rueda de prensa, junto al portavoz en el Ayuntamiento de la capital y coordinador local, Eduardo Zorrilla, que será tras la comparecencia del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, prevista para mañana en el Parlamento andaluz y solicitada por la coalición, cuando decidan si pondrán en manos de la justicia la situación de estos extrabajadores.

Los 194 afectados dejarán de cobrar el próximo mes de febrero sus prejubilaciones si no les abona la cantidad adeudada. Así, presentaron ante la Consejería de Economía una reclamación por responsabilidad patrimonial por valor de 10.460.298,51 euros; un dinero del que más de cuatro millones «pertenecen a los empleados, que adelantaron esa cantidad», puntualizó Quintana en rueda de prensa.

IU preguntará al consejero por qué la Junta «se queda con patrimonio» de Hitemasa, «un dinero que necesitan para renovar sus pólizas para cobrar su prejubilación hasta llegar a los 65 años»; por qué no se sabe dónde está el dinero que los trabajadores adelantaron a la Junta; y en tercer lugar, incidieron en que los exempleados «no pueden pagar los platos rotos de las cosas que se han hecho rematadamente mal en la Consejería de Empleo», en relación con las investigaciones sobre los ERE.

Hitemasa fue la empresa que sustituyó a la antigua Intelhorce, fundada en 1957 y por la que pasaron más de 20.000 personas. Los antiguos trabajadores de Intelhorce invirtieron sus indemnizaciones para hacer viable Hitemasa, que en unos años pasó del optimismo por recuperar una cuota de mercado viable a años de declive hasta su definitivo cierre.

Quintana recordó que se llegaron a vender todos los activos de la empresa, y los trabajadores llegaron a un acuerdo en el marco de un ERE e invirtieron sus indemnizaciones. La falta de devolución y las continuas reuniones que IU viene manteniendo con los trabajadores llevaron al grupo municipal a presentar una moción en pleno, el pasado mes de junio, que fue aprobada por unanimidad.

«No es permisible que las personas que permitieron en su día que Málaga fuera una ciudad pujante en cuanto a su industria queden ahora mismo olvidadas, vulnerados sus derechos y los acuerdos alcanzados con ellos», dijo.