Los jueces decanos españoles, un colectivo que se ha convertido en los últimos años en un auténtico Pepito Grillo para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han aprovechado sus XXIV Jornadas Nacionales en Valencia para proponer una batería de 58 medidas con las que atajar la corrupción y mejorar la lucha judicial y policial contra esta patología social. Entre otros puntos, aconsejan aumentar los tipos de delitos relacionados con la corrupción, limitar los indultos, aumentar los periodos de prescripción y penalizar al funcionario que, a requerimiento de la autoridad judicial, envía la documentación incompleta o tarda en remitirla. Quieren, además, que determinados magistrados tengan dedicación exclusiva a esta materia.
Los sesenta jueces decanos españoles han vuelto a incidir en la importancia de contar con tribunales y juzgados especializados en asuntos económicos tanto a nivel regional -una novedad- y provincial, mayor cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales, una policía judicial auténtica al servicio del togado y peritos contables que auxilien a los jueces, amén de la creación de la figura del juez asesor.
En cuanto a los delitos, proponen que los periodos de prescripción sean mayores y que se contemplen nuevos tipos penales como el enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato y el de financiación ilegal de partidos políticos, así como que se agraven las penas por tráfico de influencias, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios.
Solicitan que se reduzca la cuota defraudada al fisco (ahora en 120.000 euros), y más cárcel para quien no denuncie o persiga determinados delitos, así como introducir una modalidad de obstrucción a la justicia para el funcionario que no remita al juez la documentación requerida o la envíe incompleta -como ocurre, algunas veces, en los casos de los ERE o los cursos de formación-, así como agravar la desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario, y limitar o prohibir suspender o sustituir penas por corrupción, amén de despenalizar las faltas.
En el documento que contienen las reflexiones, los jueces decanos proponen también limitar los indultos a los que tengan informe favorable del tribunal y suspender la pena mientras se tramita la gracia, en lo que ha habido «un abuso».
Recalcan también solicitudes ya tradicionales: aumentar la ratio actual de jueces, desde los 11 por cada 100.000 habitantes hasta la media europea de 21, destinar un 3% del presupuesto anual a justicia, autonomía presupuestaria o «un porcentaje mínimo y garantizado» para este servicio, ordenar el reparto de competencias, modernizar y compatibilizar los sistemas informáticos autonómicos y con la Fiscalía y una organización más flexible.
Proponen cambios «profundos» en el sistema de selección de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, este último «muy dependiente de los partidos políticos».
Otras medidas son de apoyo y refuerzo del sistema penal con el fin de agilizarlo, como la reforma del sistema de recursos con el fin de que no se dilate una decisión -Pantoja tardó casi dos meses en entrar a la cárcel desde que se dictó el auto de firmeza de la sentencia-, instaurar costas y sanciones que disuadan «de pretensiones acusatorias temerarias», suprimir el privilegio que tienen algunas autoridades de declarar por escrito sin verle la cara al juez y permitir al fiscal que valore si conviene o no iniciar el proceso en caso de pequeños infractores.
Proponen que los delitos cometidos por aforados y los relativos a la corrupción dejen de ser competencia de jurados, y, en cuanto a los aforamientos, plantean «atribuir al juez ordinario el conocimiento e instrucción de las causas» de aforados, restringir esa condición a la fase de enjuiciamiento, no a la instrucción, y a delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
Respecto al fiscal, abogan por reforzar su independencia del poder ejecutivo y su inamovilidad en causas de corrupción o que afecten a autoridades políticas, y piden más medios para Anticorrupción, manteniendo la figura de la acusación popular «como contrapeso del fiscal, en especial si se pretende que en un futuro asuma la investigación, pero con límites para evitar abusos».
Más colaboración Plantean igualmente agilizar el aseguramiento cautelar de las responsabilidades pecuniarias desde el inicio de la investigación, y facilitar la actuación contra los testaferros, así como la colaboración entre Hacienda y el Banco de España.
«El poder judicial será lo eficiente que quiera el poder ejecutivo y legislativo», indicó el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en la presentación del documento, mientras su homólogo en Málaga, José María Páez, urgió a «sacar a la justicia del debate político» y reclamó «un gran pacto» entre partidos para definir de una vez el modelo. «Tardaremos pero vamos a llegar y la ciudadanía puede estar absolutamente tranquila porque la justicia se aplica en España y la justicia funciona, lenta pero funciona. Es difícil afrontar macrocausas con los medios actuales», precisó.
