El Gobierno y los agentes sociales -sindicatos y empresarios- avanzaron ayer en la definición de las características del programa de activación para parados de larga duración sin ingresos y con cargas familiares durante una reunión en el Palacio de La Moncloa, aunque apenas facilitaron detalles sobre cómo será la ayuda económica que acompañará este programa. Lo único que se especificó es que la ayuda durará seis meses y que podrá ser compatibilizada con el empleo si el parado encuentra trabajo durante ese tiempo.

En relación al hecho de compatibilizar la ayuda y el empleo, fuentes cercanas a la negociación explicaron que se trata de «buscar fórmulas» para un plan muy centrado en un colectivo que precisa de itinerarios individuales para la reinserción laboral. También recordaron que, actualmente, el trabajo a tiempo parcial también es compatible con prestaciones por desempleo. De la cuantía de estas ayudas no se concretó nada, aunque la idea inicial del Ejecutivo oscila entre los 399 y los 450 euros mensuales, dependiendo de las cargas familiares. Se estima que el acuerdo definitivo podría firmarse en torno al 15 de diciembre.

Esta nueva iniciativa, que tomará el testigo de programas como el Plan Prepara, pretende paliar en parte la situación de las personas que más tiempo llevan en el desempleo. En el caso de la provincia de Málaga, los últimos datos de paro del mes de noviembre conocidos esta semana revelan la existencia, según UGT, de 86.652 desempleados de larga duración (aquellos que llevan más de un año en el paro), lo que representa el 44% del total que hay en la provincia. El porcentaje asciende un par de puntos más (89.110 personas) si se contabilizan los parados que han agotado ya todo tipo de coberturas.

En cualquier caso, habrá que conocer con detalle los requisitos para ser beneficiarios de este nuevo plan, ya que en anteriores ocasiones se ha excluido de entrada a aquellas personas que ya han percibido en alguna otra ocasión las ayudas de los 400 euros. Además, éstas se limitan a personas con cargas familiares. Se estima que el plan manejado por el Gobierno, y que permanecería vigente sólo durante 2015, podría beneficiar en España a unas 300.000 personas.

El comunicado emitido ayer por Moncloa y suscrito junto a los sindicatos UGT y CCOO y las confederaciones empresariales CEOE y Cepyme, explica que los objetivos del nuevo programa serán la inserción laboral de este colectivo de parados de larga duración a través de un tratamiento «intensivo» de servicios de empleo, ajustado a las dificultades que existen para su colocación en el mercado laboral.

«Bajo este programa, los beneficiarios recibirán un tratamiento personalizado y servicios de empleo que se ajusten a su perfil profesional, bajo un itinerario individual destinado a su reinserción, que será objeto de seguimiento permanente. Será posible compatibilizar el programa con una actividad por cuenta ajena», constataron los participantes en la reunión. Los posibles beneficiarios deberán acreditar así de forma regular su búsqueda activa de empleo, así como participar en las acciones de inserción propuestas por los servicios de empleo.

La ausencia de más datos sobre esta nueva ayuda se debe, según se argumentó, a que «los detalles del programa serán presentados una vez haya sido acordado con las comunidades autónomas, que serán protagonistas en su desarrollo». El encuentro de ayer estuvo presidido por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los máximos dirigentes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente.

El planteamiento del Gobierno recibió ayer mismo las primeras valoraciones. El responsable federal de Economía y Empleo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, consideró que la ayuda a parados de larga duración «es muy insuficiente en la cantidad, muy limitada en cuanto a sus posibles beneficiarios y muy corta en cuanto el período de aplicación».

Por su parte, la secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez, valoró que el Gobierno se decida «después de tres años de recortes y reformas laborales» a llegar a acuerdos. Sin embargo, calificó de «electoralista» negar el diálogo en tres años de gobierno y «decidir abordarlo en época electoral».