Los colegios profesionales claman contra la nueva ley del Gobierno

«El anteproyecto nos parece un ataque injustificado contra los colegios profesionales y va en claro detrimento del servicio que se presta a los ciudadanos», comenta el decano de los abogados, que recuerda que estos organismos cumplen con misiones fundamentales como la tutela del código deontológico de cada profesión, el control del intrusismo, los seguros de responsabilidad civil o la formación continua de los colegiados. Todo ello sin recibir del Estado ninguna partida económica, ya que los colegios se autofinancian con la cuotas de sus colegiados. Por ello, Lara también remarca las dificultades económicas a las que se enfrentarán muchos colegios debido al máximo de 240 euros anuales que se impondrán como límite de cuota.

«En el Colegio de Abogados, donde tenemos 40 personas contratadas, tendríamos de entrada que hacer un ERE. También afectaría a la multitud de servicios que ofrecemos a los colegiados, a la formación e incluso a eventos como el Congreso de Abogacía que hacemos cada año», comenta. El Colegio, con 6.000 colegiados, cobra una cuota de 428 euros a la mayoría de sus colegiados, aunque colectivos como los letrados jóvenes o los no ejercientes disponen de un importe reducido.

Lara también alerta de que algunos colegios que disponen de varias sedes tendrán que clausurar algunas de ellas, sobre todo si cuentan con alguna carga hipotecaria. «Es un tema que nos quita el sueño a todos los colegios. Nos preocupa muchísimo. Todos estamos en contra del anteproyecto», comenta.

De la misma opinión es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga -1.200 colegiados-, Fernando Pastor, que considera que el Gobierno «se extralimita» con este planteamiento. «A nosotros nos quitaría la colegiación obligatoria porque no entramos en la lista de profesiones que afectan a la seguridad de las personas. Y yo pregunto: ¿cuando un administrador participa en una decisión relativa a un ascensor o al edificio de una comunidad de vecinos no está ejerciendo algo relativo a la seguridad?», señala. A su juicio, la normativa planteada en estos términos fomentaría el intrusismo y las malas prácticas en la profesión, con el consiguiente perjuicio para los clientes.

«El Colegio controla el ejercicio de la profesión, da formación y ofrece un seguro de responsabilidad civil por una cuantía de hasta 1,5 millones de euros que es una garantía para las comunidades de vecinos. Pero si ya no va a ser obligatorio colegiarse, ¿qué garantías hay para el ciudadano?», apunta Pastor. En cuanto a las cuotas a los colegiados, los administradores de fincas en Málaga pagan 360 euros al año. «La rebajaríamos pero pensamos que establecer máximos es una estupidez. Dice el Gobierno que es para fomentar la competitividad pero no creemos que sea tanto ahorro para el colegiado. Y a cambio, se perderán servicios», asegura.

Por su parte, Juan Carlos Robles, decano del Colegio de Economistas de Málaga (que aglutina a más de 2.000 economistas, el 50% de los colegiados de Andalucía), afirma que la crítica generalizada al anteproyecto procede de la falta de garantías a la hora de controlar el ejercicio de las profesiones. «¿Quién controlaría que las personas que ejercen de economistas lo hacen con la formación y la titulación adecuada? ¿El Gobierno, la Junta de Andalucía? Hasta ahora estas funciones básicas las hemos realizado los colegios, y sin costarle un euro a las administraciones. Pero ahora puede abrirse la puerta al intrusismo, a cualquier francotirador que quiera poner en la puerta de su despecho que es economista», lamenta.

Y es que el anteproyecto inicial del Gobierno, además de suprimir la colegiación obligatoria en muchos casos, modifica también determinadas reservas de denominación, que obligan hasta ahora a colegiarse para utilizar un determinado nombre. Economistas, gestores administrativos o agentes de la propiedad inmobiliaria entrarían de inicio en este lote.

El presidente del Colegio de Gestores Administrativos -200 colegiados-, Jorge Alcántara, se muestra preocupado por este hecho. «Veo en la ley fundamentalmente un error de concepto. El Gobierno dice que su proyecto permitirá reducir costes al ciudadano y elevar las garantías pero creo que el resultado puede ser contraproducente. Los colegios realizamos muchas funciones administrativas y de control que ahorran ese servicio al Estado. Y también ofrecemos a nuestros colegiados seguros de responsabilidad civil que son una garantía para el usuario. Si propiciamos que la gente no se colegie, eso se pierde», dice.

Muy dolido se muestra también Cayetano Rengel, el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria , que cuenta con 300 colegiados que intermedian en la compra y venta de bienes inmuebles. «La ley es absolutamente innecesaria. Ya contamos con un marco normativo que da respuesta a nuestras necesidades. El Gobierno se escuda en las directivas europeas pero en realidad lo que quiere es intimidar el libre ejercicio de la profesión», señala. Rengel cree que el anteproyecto fomentará el intrusismo y el fraude y beneficiará a la grandes empresas, cuyos empleados podrán ejercer en diferentes profesiones. En cambio, perjudicará al profesional liberal.

Otra voz crítica es la del decano del Colegio de Arquitectos, Antonio Vargas. Además de considerar innecesario» el proyecto de ley alerta del peligro económico que acecha a muchos colegios con la limitación de cuotas a los 240 anuales. En el Colegio de Arquitectos, con 1.200 colegiados, se pagan unos 400 euros al año (con bonificaciones para los jóvenes), con lo que la normativa obligaría a rebajar la cifra, a menos de que una posterior asamblea aprobara por mayoría subirlas de nuevo.

«Una cuota como la nuestra no es limitativa para nadie sino que es el mínimo que se necesita para mantener unas infraestructuras administrativas. En 2007, nuestro Colegio tenia 40 empleados. Hoy sólo tenemos 12 para realizar todos los servicios, incluida la atención telefónica al colegiado y los procesos de visados de proyectos. No podemos bajar más», apunta. Para Vargas, el Gobierno peca de incoherencia por querer limitar los ingresos de los colegios cuando, al mismo tiempo, éstos realizan funciones subsidiarias de la administración (en el caso de los arquitectos, la certificación de los visados de obra en los ayuntamientos).

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga -900 colegiados-, Juan Fernández, coincide en que con una cuota de 240 euros al año no se podrían sostener todos los servicios que actualmente se dan a los colegiados incluidos cursos de formación y seguros. Fernández muestra su extrañeza por una norma «tan intervencionista», en particular cuando los colegios profesionales no cuestan un euro al erario público. «Para mí, el Gobierno se ha extralimitado, Es cierto que la ley ómnibus europa hablaba de liberalizar las profesiones pero no tiene sentido darle esta vuelta de tuerca», comenta.

En el Colegio de Peritos e Ingenieros Industriales -3.000 colegiados-, su decano Antonio Serrano, afirma que el anteproyecto discrimina entre profesionales del mismo gremio, ya que no obliga a colegiarse a aquellos que trabajan por cuenta ajena y no firman proyectos técnicos ni dirigen obras. «Es un erros grande porque un perito, trabaje donde trabaje, asume una responsabilidad por su trabajo. Sus decisiones son siempre importantes, porque pueden tener consecuencias graves. Es algo discriminatorio para los que sí tendrán obligatoriamente que colegiarse», apunta. Por otro lado, el anteproyecto mantiene a su vez barreras «absurdas», como el hecho de un perito industrial no pueda firmar proyectos en suelos o naves que no tengan esa calificación.

¿Y qué opina de la ley la rama sanitaria, una de las que sí mantiene la colegiación obligatoria? El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, con casi 7.400 colegiados a su cargo, cree que el anteproyecto debe asegurar que la vertiente deontológica de la profesión queda en manos de estos organismos y que éstos mantiene su independencia respecto al Gobierno de turno. «Es una ley que se está haciendo a trozos, de corta y pega, sin que los colegios tengan el peso y la opinión suficiente», reconoce.

En el plano económico, Sánchez Luque tampoco comparte las limitaciones de cuota máxima aunque señala que en el caso del Colegio de Médicos no supondría un problema, ya que los pagos de cada colegiado se reparten entre una parte obligatoria y otra opcional que se gestiona a través de un patronato.

Por último, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Francisco Florido, celebra que en su gremio -1.900 profesionales en la provincia- el proyecto mantenga la colegiación obligatoria aunque, por contra, critica que se vaya permitir que un farmacéutico pueda colegiarse en una provincia distinta a donde vaya a ejercer. «Nuestra obligación como Colegio es velar por la deontología de la profesión. Y difícilmente podremos hacerlo sin un colegiado de Málaga tiene su farmacia en otra provincia», advierte.

Fernando PastorAdministradores de Fincas

"El Gobierno se extralimita en su intervención en la vida de los colegios. En nuestro caso además fomenta el intrusismo y las malas prácticas al permitir que haya personas en la profesión sin necesidad de colegiarse".

Francisco Javier LaraAbogados

"El proyecto es un ataque injustificado contra los colegios y va en claro detrimento de los servicios al ciudadano. También fomentará el intrusismo. Con esta reforma, muchos pequeños colegios pueden desaparecer".

Juan Carlos RoblesEconomistas

"Los colegios velamos por la deontología de la profesión y no costamos un euro al Estado. El anteproyecto parte de un malentendido liberalismo ¿Quién será ahora el que controle el intrusismo y las malas prácticas?".

Antonio VargasArquitectos

"Es una ley que el Gobierno está elaborando sin necesidad alguna. Se plantea una liberalización a ultranza con la excusa de abaratar los servicios, pero eso es algo falso. El Ministerio muestra gran desconocimiento e ineptitud".

Juan FernándezGraduados Sociales

"Para mí hay un intervencionismo total del Gobierno. Es cierto que en Europa reclama una mayor liberalización de servicios pero el anteproyecto se extralimita y puede llevar a problemas económicos en muchos colegios".

Antonio SerranoPeritos Industriales

"El proyecto discrimina entre profesionales. Si un perito trabaja por cuenta ajena y no firma proyectos o dirige obras no tendrá que colegiarse. Es un error. Trabaje donde trabaje sus decisiones tienen consecuencias".

Jorge AlcántaraGestores Administrativos

"El hecho de que los profesionales puedan ejercer fuera del ámbito de los colegios causará mayores prejuicios que los que pretende evitar. Se perderán garantías de cara al ciudadano y control deontológico".

Juan José Sánchez LuqueMédicos

"Es una ley que se está haciendo a trozos; es como de corta y pega. El Gobierno no está dejando que los colegios tengan el peso y la opinión suficiente, aunque el primer borrador era más intervencionista y se ha cambiado algo".

Cayetano RengelAg. de la Propiedad Inmobiliaria

"La ley es absolutamente innecesaria. El Gobierno se escuda en normativas europeas pero lo único que hace es quitar garantías. Se fomenta el fraude y se beneficia a la gran empresa. El perjudicado será el profesional liberal".

Francisco FloridoFarmacéuticos

"El anteproyecto permite que un colegiado pueda darse de alta en una provincia diferente de la que ejerce, al contrario que hasta ahora ¿Cómo vamos a velar por un colegiado de Málaga que tiene su farmacia fuera?".