­Las tarjetas black de Caja Madrid, la operación Púnica que ha acabado con la cúpula municipal del PP en Madrid, el caso Enredadera, que ha supuesto 32 detenciones estos días, la caja B de Luis Bárcenas, los ERE, los cursos de formación... la lista de asuntos relacionados con la corrupción política es inmensa y la ciudadanía ya ha expresado firmemente su intención de castigar a los partidos mayoritarios salvo que la situación revierta, y rápido. El origen de este maremoto podría estar, según los expertos, en Marbella y en la particular forma de gobernar de Jesús Gil y los suyos durante 15 años. No se sabe si aquel fue el primer síntoma de la enfermedad, pero desde luego bien pudo ser el virus que luego se inoculó a numerosos ayuntamientos del país. Desde que La Opinión de Málaga nació, en mayo de 1999, ha mantenido una postura beligerante contra esta patología social, de tal forma que ha denunciado casos de corrupción, prevaricación administrativa o simplemente conductas políticas inadecuadas en 32 de los 101 municipios de la provincia a lo largo de sus más de tres lustros de existencia.

A finales de los noventa, cuando este medio se gestaba, Jesús Gil era el dueño y señor de Marbella y había hecho del ladrillo y la relajación de las normas administrativas su santo y seña, mientras Juan Antonio Roca apartaba de su función al jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo, Jorge González, andando el tiempo uno de los funcionarios que se situó frente a la política populista del Grupo Independiente Liberal (GIL) y futuro testigo de cargo del caso Malaya.

La delegación del periódico en Marbella fue la punta de lanza de las informaciones periodísticas sobre la corrupción, ya que a mediados de los noventa José Luis Sierra, el brillante abogado que dio forma jurídica al GIL -que mandó en Marbella desde el 91 a marzo de 2006-, había filtrado a la prensa el desvío de 21 millones de euros a las sociedades municipales y en los ejercicios 99 y 2000 el conocido como caso Saqueo 1, y su secuela, Saqueo 2 -el desvío de 70 millones de euros-, copaban todas las portadas.

De aquellas fechas datan también informaciones muy relevantes sobre los casos Estatua Rusa o Camisetas, que acabó en 2002 con la carrera política de Jesús Gil y la ascensión a la alcaldía de Julián Muñoz.

En agosto de 2003, La Opinión de Málaga dio buena cuenta de la moción de censura a Muñoz, que aupó a la alcaldía a Marisol Yagüe como líder de un tripartito que saltó por los aires el 29 de marzo de 2006, cuando estalló el caso Malaya, el mayor proceso de corrupción política y urbanística jamás enjuiciado en España con el exgerente de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, en el papel estelar de capo del ladrillo: en apenas tres años pudo cobrar más de 30 millones de euros en sobornos. Aquel caso, que acabó con una condena para casi la mitad de los 95 acusados, generó ríos de tinta en este rotativo, no sólo por las tres oleadas sucesivas de detenciones -marzo, julio y noviembre de 2006-, sino también por las entregas de un sumario que dejaba claro cómo se dirigió Marbella. El jurista Jorge González llegó a hablar de anomia, es decir, la elección consciente de un Ayuntamiento de ponerse al margen de la ley. El Consistorio acabó disolviéndose.

Las informaciones y reportajes sobre cómo se saqueó concienzudamente Marbella durante años fueron la norma durante esa época: la ramificación del proceso en otras 30 piezas separadas, la fuga del exconcejal andalucista Carlos Fernández, y los análisis sobre la enorme losa económica que pesa sobre el pueblo, en torno a 500 millones de euros. Ahora el Consistorio trabaja por recuperar cada euro esquilmado en los centenares de procedimientos abiertos.

En total, este rotativo ha denunciado más de 360 casos de corrupción, prevaricación o mala praxis política en 32 municipios a lo largo de 15 años de vida, pero los números de Marbella son impresionantes: sólo Julián Muñoz ha sido investigado o sentenciado en 102 procesos, la mayor parte por delitos urbanísticos, aunque también arrastra procedimientos por corrupción pura y dura como Malaya, el caso Pantoja, tan en boga estos días, Minutas -por los desmedidos honorarios cobrados por José María del Nido como letrado del Consistorio-, etcétera... En la primavera de 2013, el Tribunal de Cuentas envió a los juzgados marbellíes 105 procesos de corrupción, y de Instrucción 1 siguen saliendo algunos de los casi 30 convenios urbanísticos tales como El Pinillo, Fergocon -también con Del Nido- o Goldfinger -en el que se investigó a Sean Connery-.

Por cierto, este periódico informó en exclusiva en 2010 de un complot de 12 abogados del caso para retrasar el juicio de Malaya todo lo posible ya que sus clientes y ellos mismos pensaban que si el proceso coincidía con las elecciones podían recibir una condena ejemplarizante para que el PSOE se presentase como «campeón contra la corrupción». Fuentes judiciales reconocieron que, de no haber salido a la luz el movimiento envolvente de los letrados, el plenario difícilmente podría haber comenzado. Al final, lo hizo en septiembre de 2012.

En total, Marbella ocupa la mayor parte de las informaciones: algunos de los periodistas que trabajaban en la plaza en la época sufrieron amenazas, pero el periódico siempre mantuvo la misma postura ética ante un problema que se expandió como un mancha de aceite en los años siguientes. Son 218 las causas en cualquier estado de tramitación, incluso ya juzgadas, que han afectado a la Perla del Mediterráneo a lo largo de los sucesivos gobiernos del GIL.

La mayor parte de los más de 360 procedimientos, sin embargo, no son considerados por los juristas como corrupción, un fenómeno que se recoge en el Código Penal bajo el epígrafe de delitos contra la Administración Pública y entre los que destacan el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales, la maquinación para alterar concursos públicos y la falsedad documental, entre otros muchos, habitualmente ligados al blanqueo. Así, muchos casos ajenos a la corrupción, prácticamente la mayoría, suponen un delito de prevaricación administrativa o contra la ordenación del territorio, cometido por alcaldes, ediles, secretarios y abogados municipales al conceder licencias de obra ilegales. En Málaga, hay decenas de miles de viviendas irregulares que generaron centenares de casos sobre la legalidad de los permisos en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Sobre esta polémica, antesala de la corrupción, también ha dado buena cuenta este periódico sucesivamente.

De los grandes mazacotes en la Costa del Sol se pasó a las casas de autoconstrucción ilegales del interior. La situación llegó a tal punto que Málaga posee cuatro fiscales de Medio Ambiente, una de las provincias con más acusadores públicos especializados, y seis de Anticorrupción, cuatro en la capital, uno en Marbella y otro contacto en Torremolinos.

La prevaricación

Especialmente llamativos son los casos de los pueblos del interior: recientemente ha dimitido el alcalde de Tolox, Juan Vera, inhabilitado por un caso de prevaricación administrativa, aunque arrastra numerosos expedientes. La Junta lo denunció en 2006 por autorizar la construcción de dos millares de casas en suelo no urbanizable.

Llamativo es el caso de La Viñuela, cuyo exalcalde, Juan Millán, entró en prisión por delitos urbanísticos. En un juicio llegó a decir que él daba las licencias según estuvieran las viviendas proyectadas más o menos cerca del pantano de la comarca.

Muchos de los municipios y de los concejales y regidores fueron imputados por prevaricar concediendo esas licencias sin seguir las indicaciones de los informes técnicos y jurídicos y la lista es interminable: Ronda, Almogía, Carratraca... En muchos de esos casos, que no afectan a los alcaldes actuales, se dieron sentencias absolutorias o se archivaron los procedimientos.

Además, la corrupción «marca Gil» se expandió en la provincia y actualmente hay pendientes de juicio macroprocesos como Manilva, por enchufismo masivo; Arcos, por la corrupción urbanística en Alcaucín -casi cincuenta imputados-, Astapa -Estepona-, con más de cien; Acipino -Ronda-, en torno a una veintena de investigados; Casares, que aúna las irregularidades urbanísticas a la presencia de la mafia rusa; Villanueva de la Concepción, etcétera.... Paradigma de este tipo de asuntos es el caso Troya, por corrupción en Alhaurín el Grande, cuyo alcalde, Juan Martín Serón, fue sentenciado a un año de suspensión de cargo público y a 200.000 euros de multa por cohecho.

En muchos de estos casos se repitió la relajación de la normativa administrativa marca GIL, el ninguneo a los claveros de la legalidad en los ayuntamientos, el surgimiento de asesorías jurídicas paralelas ajenas a lo público, la figura de los conseguidores y la fabricación de estructuras societarias para difuminar el rastro del dinero. Este último punto es tan importante que la investigación del caso Malaya se inició por ahí, con los resultados ya conocidos.

A todo esto hay que sumar las ramificaciones que tienen el sumario de los ERE y el de los cursos de formación en Málaga; en el segundo de los casos se investiga a 17 empresas, y en el primero ha sido imputado un destacado dirigente sindical por el expediente de regulación de un hotel de Torremolinos.

Conductas inadecuadas

Pero también ha informado La Opinión en exclusiva de conductas políticas inadecuadas no corruptas que van desde el positivo en alcoholemia de una exedil, que dimitió como directora de distrito -y que sí fue sentenciada por un ilícito contra la seguridad vial-, a la forma de adjudicar los contratos de la concejal del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, entre 2003 y 2008, siempre al mismo grupo de sociedades. La Fiscalía abrió diligencias, pero al tratarse de contratos menores, y permitir la ley la adjudicación directa, ni siquiera fue imputada.

Otros de los casos que afectaron al Ayuntamiento, y en los que tampoco intervino la justicia, fueron las adjudicaciones del exconcejal de Polígonos Industriales y de Bailén-Miraflores, Manuel Marmolejo, de servicios de las áreas de su competencia a empresas en cuyos accionariados estaba su cuñado, lo que él mismo reconoció en un pleno. Acabó dimitiendo en diciembre de 2009. Un asunto similar fue la convocatoria de tres empresas de los mismos socios para contratar un plan turístico en la capital, lo que se saldó con la salida del entonces director del área.

Mucho antes, en junio de 2001, este periódico denunció que el Ayuntamiento había pagado partidas falsas por las contratas de jardines, de formas que las certificaciones que aprobaba el correspondiente área municipal estaban plagadas de irregularidades. El caso acabó en 2008 con la absolución de dos funcionarios y los dos responsables del servicio en las empresas concesionarias.

Lo cierto es que en 2009 el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para atajar los escándalos, hizo cambios en el sistema de adjudicación de los contratos menores: el trámite de concesión pasó a ser gestionado y los documentos firmados por el área de Economía en el 90% de los casos, y los mismos comenzaron a ser publicados en la página web para que se presentaran a los mismos las empresas que lo desearan. Además, una vez que los contratos cuentan con un informe del técnico correspondiente, son enviados a una mesa de contratación que los supervisa y da el ok o los rechace.

A Málaga los abogados la siguen llamando medio en broma la pequeña Audiencia Nacional, aunque los ciudadanos se ríen cada vez menos.

José Luis Sierra

José Luis Sierra, abogado de Jesús Gil, fue el informante de los casos saqueo 1 y 2. En el primero acabó condenado. Era un hombre con una cabeza privilegiada y dio forma jurídica al partido político del capo.

Julián Muñoz

Julián Muñoz es el exalcalde con más procesos judiciales de toda España, más de 100. Actualmente cumple condena en Alhaurín de la Torre por Minutas y el caso Pantoja, aunque las condenas irán cayendo.

Alcaucín

El caso Arcos, contra la corrupción urbanística en Alcaucín, estalló en febrero de 2009. En la imagen, el exalcalde, José Manuel Martín Alba, es trasladado por la guardia civil el día de su arresto.

Caso Astapa

El caso Astapa, contra la corrupción en estepona, estalló en junio de 2008 y acumula más de un centenar de imputados. pocos ven el fin de esta instrucción que preocupa, y mucho, a los responsables judiciales.

Del Nido

El presidente del sevilla y abogado fue condenado por las elevadas minutas profesionales que cobró a Marbella cuando representó al ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas, entre otros servicios.

Isabel Pantoja

La cantante fue detenida en mayo de 2007 y finalmente sentenciada a dos años de cárcel por blanquear dinero de su expareja, Julián Muñoz. La Audiencia dictaminó que debe entrar en la cárcel.