La Universidad de Málaga (UMA) ha remitido a la Fiscalía Provincial un informe de un prestigioso despacho de abogados que pretende avalar la naturaleza privada de su Fundación General (FGUMA) después de que el CSIF denunciara una serie de transferencias de la institución docente a su organismo afín y a Eccus, pagos que el sindicato cree irregulares.
La Fiscalía abrió diligencias de investigación el pasado 2 de octubre. La clave de bóveda de la investigación es si la FGUMA es pública o privada, porque en el primero de los casos estaría sujeta a realizar, por ejemplo, sus contrataciones y otro tipo de gestión administrativa respetando los principios de publicidad, transparencia e igualdad, entre otros. Si su naturaleza jurídica es privada, la gestión sería más flexible.
El CSIF reclamó al Tribunal de Cuentas en julio que investigara una relación de transferencias de la UMA, entre ella los pagos desde la universidad a la FGUMA con los siguientes importes: 903.119 euros en 2011; 1,4 millones en 2010 y 1,3 en 2009. Pese a ello, la Fiscalía del TdC remitió la documentación a la Fiscalía de Málaga, que abrió esas diligencias de investigación para determinar si hay indicios de delito. Antes, el Defensor del Pueblo ya recibió una denuncia similar que archivó, para abrir unas diligencias de oficio.
El CSIF también pidió que se aclarase el carácter privado o público de la FGUMA, «ya que es financiada con fondos públicos de la UMA sin que sus presupuestos hayan sido nunca aprobados, sin darle publicidad y sin ser sometidos ni al Consejo de Gobierno y al Consejo Social de la UMA». Asimismo, la central habló de opacidad, y de que la fundación sea gestionada «económicamente por el yerno de la rectora», Adelaida de la Calle, así como también presten servicio en la misma el yerno del gerente de la UMA, José Antonio Molina, y el hijo del vicerrector de Coordinación Universitaria, José Ángel Narváez, siempre según el sindicato.
El sindicato, indicaron las fuentes cercanas al caso consultadas por La Opinión de Málaga, ha ampliado su denuncia hasta en tres ocasiones, e insistieron en que ese informe jurídico fue efectuado en diciembre de 2013, pero se ha aportado en el marco de estas diligencias, abiertas el 2 de octubre de 2014.
La Fiscalía tiene previsto, de hecho, pedir más documentación a la Universidad de Málaga para tratar de determinar, precisamente, la naturaleza de su fundación y, a partir de ahí, habrá que determinar si archiva las diligencias o presenta la correspondiente querella o denuncia ante un juzgado de Instrucción.
La plataforma sindical advierte de que la UMA podría haber ocultado a la Cámara de Cuentas de Andalucía su participación en la fundación. Otra de las denuncias se centra en una serie de pagos efectuado por la UMA a la Fundación Eccus por 1,15 millones de euros. El sindicato recuerda que «se trata de un ente deudor de la Hacienda Pública y la Seguridad Social, cuyo patrono es la mercantil Eccus Comunicación SL».
