La Fiscalía Provincial de Málaga ha pedido en sus conclusiones provisionales tres meses de cárcel y el pago de las costas a un hombre que disparó con una carabina de aire comprimido a la gata de su vecina y acabó matándola.

Según consta en el documento, remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, y al que tuvo acceso La Opinión de Málaga, el encausado se encontraba en su domicilio de la capital a las 12.30 horas del 16 de noviembre de 2011. En concreto, se trata de la calle Gustavo Dore.

Así, «utilizando una carabina de aire comprimido de la marca Gamo, modelo CFR IGT Whisper, calibre 4,5, disparó a una gata hembra adulta propiedad de su vecina, alcanzándole la columna vertebral y el abdomen». En concreto, los disparos causaron la muerte del animal.

Los hechos han sido calificados como un presunto delito del artículo 337 del Código Penal, es decir, un ilícito relativo a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos.

El acusado reclama una pena de tres meses de cárcel, así como su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de las costas procesales y una indemnización para la vecina perjudicada, un valor que se determinará en la fase de la ejecución de sentencia.

Sin ir más lejos, hace apenas dos semanas otro juzgado de la provincia sentenció a tres meses de prisión a un vecino de Estepona que mató a dos gatos y luego los tiró a un contenedor.

En concreto, se trata del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, que, como el acusado aceptó los hechos, lo condenó a dos meses de cárcel. En concreto, acabó con la vida de los animales tirándolos al suelo.

El acusado tenía 81 años y sus iniciales son F. O. P. En concreto, el encausado vive en Estepona. «El procesado estaba tirando contra el suelo dos gatos en las calles Fuerzas Armadas de la localidad de Estepona», consta en el apartado de hechos probados de la sentencia.

El encausado logró quitarles la vida para, seguidamente, echarlos al contenedor de la basura. Su mala suerte, indica el juez Jesús Torres en el apartado de hechos, fue que una vecina de la zona presenció el suceso y lo denunció.

El fiscal, que en un principio pedía tres meses de prisión, rebajó su solicitud de castigo al estar de acuerdo con los cargos presentados el encausado. También se exigía inicialmente un año de suspensión para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

El abogado aclaró en el juicio que su cliente estaba conforme con el suceso, y pidió el dictado de la sentencia sin mayor trámite. Finalmente, la pena resultó quedar en dos meses de cárcel, ocho meses de inhabilitación y el pago de las costas procesales.

De cualquier forma, el togado acordó en la misma sentencia, fechada el 12 de agosto, suspender la ejecución de la pena de prisión impuesta durante un bienio con la advertencia al procesado de que no podrá delinquir en ese periodo, ya que, si lo hiciera, se revocará la decisión ya tomada.

Las diferentes asociaciones animalistas y protectoras de la provincia llevan años pidiendo que se endurezcan las penas previstas en el Código Penal por maltrato animal, aunque por ahora el legislador ha desechado estas reivindicaciones al entender que están suficientemente penados los hechos.

De cualquier forma, la presión social y de los colectivos hace augurar que, en los próximos años, se produzcan cambios legislativos en el sentido que pretenden los activistas.