La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene sobre la mesa una propuesta de la Jefatura Provincial de Málaga para retirar de Las Pedrizas dos de los cuatro radares que actualmente hay en funcionamiento y reubicarlos en otros puntos de la provincia. El planteamiento llega tras el rechazo del Ministerio de Fomento de aumentar de 80 a 100 el límite de velocidad en las zonas controladas que solicitan ciudadanos, partidos y alcaldes de la provincia y se centra en dos aparatos: el radar de tramo ubicado entre los kilómetros 134,2 y 140,2 (Venta Cotrina) y el fijo del kilómetro 118,090 que curiosamente está muy cerca del desvío a la autopista. Ambos están muy próximos el uno del otro y, al igual que el de tramo más corto (126 a 128,78), en dirección a la capital.
La jefa provincial de Tráfico, Trinidad Hernández, basa la propuesta en la presencia de tres radares «consecutivos» que han resultado ser «muy impopulares» en un tramo que está demostrando no ser tan conflictivo como otros de la provincia. «Estamos de acuerdo en que la zona de los túneles de Las Pedrizas es delicada. Hay unos bordillos muy peligrosos y la presencia del radar para vigilar que los vehículos no superen los 80 kilómetros por hora está justificada», explica. Sin embargo, Hernández considera que fuera de la influencia de los túneles hay más riesgo de sufrir una desesperante retención que un accidente grave.
Este argumento llevó a los técnicos de la Jefatura Provincial de Málaga a proponer a Fomento que 90 era una velocidad máxima «razonable», aunque los del ministerio no accedieron basándose en cálculos de trazado de la vía. «Creemos que estos dos radares de Las Pedrizas ya han hecho su trabajo y que hay zonas con más siniestralidad donde los radares son más necesarios», insiste Hernández, antes de reconocer que es una buena ocasión para demostrar a los ciudadanos que «los radares no tienen un ánimo recaudatorio».
Aunque a día de hoy sólo sean hipótesis a la espera de la respuesta de la DGT, la responsable de Tráfico en Málaga señala como posibles candidatos a esos radares algún acceso a la capital, la A-7 a la altura de El Higuerón (sobre todo la bajada hacia Cádiz), el túnel de Churriana de la hiperronda o la zona de Cerrado de Calderón, también en dirección Cádiz, entre otros puntos.
La historia de los radares de Las Pedrizas comenzó hace apenas un año, cuando la DGT activó dos detectores de tramo en la zona en detrimento de otro fijo que fue reubicado a la altura del falso túnel de Carlos Haya que todavía no está operativo. Los nuevos controles limitaron la velocidad de 100 a 80 kilómetros por hora a instancias del Ministerio de Fomento, medida que no tardó en provocar las quejas de los usuarios. Sobre todo de los habitantes de municipios del interior que diariamente hacen el trayecto a la Costa del Sol para trabajar y que consideraban excesiva la limitación en zonas que creen seguras.
Las molestias y las multas fueron a más y alcaldes de todos los signos políticos se vieron obligados a dar la cara por sus vecinos. Ayuntamientos como Antequera (PP), Archidona (IU), Casabermeja (IU), Riogordo (PP), Alfarnate (PSOE) o Colmenar (PSOE) no pidieron quitar los radares, sólo devolver la limitación a los 100 kilómetros por hora previos a los radares de tramo. La respuesta que recibieron fue poco esperanzadora. «Con fecha 9 de septiembre de 2014 se ha notificado a esta Unidad de Carreteras de Málaga que por la Unidad de Seguridad Vial dependiente de la Subdirección General de Explotación y Gestión de Red del Ministerio de Fomento se ha dictaminado que no procede dicha ampliación de límites de velocidad existentes», aseguraban sin argumentos de peso las misivas que sacó a la luz este periódico el pasado mes de noviembre.
La rigidez de la administración también se hizo notar a través del Congreso de los Diputados con una respuesta parlamentaria al diputado malagueño de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que en septiembre formuló una pregunta parlamentaria sobre este asunto. «La señalización y, en particular, las limitaciones de velocidad se adecúan a las condiciones de seguridad de la vía», le contestó el Ejecutivo, antes de añadir que «los conductores pueden elegir libremente entre la autopista de peaje y la autovía gratuita, siendo ésta última también una vía rápida y de alta capacidad dotada de las condiciones de seguridad adecuadas».
Disuasión y recaudación. Para Garzón, la respuesta fue insuficiente por la ausencia de argumentos de peso e insistió en que el Gobierno sólamente pretende «disuadir» a los conductores para que no cojan esta autovía y «recaudar» con la autopista. Desde IU descartan que se trate de una medida adoptada en pro de la seguridad vial porque «todos estos años no ha habido esa limitación y no ha sido un punto de siniestralidad alta». Tanto es así que destacan cómo entre enero y septiembre los radares saltaron en la zona 15.000 veces, «una media de 500 multas y 50.000 euros al día».
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