La Ley del Tribunal del Jurado, aprobada en mayo de 1995, cumplirá en apenas cuatro meses dos décadas de vida, un periodo en el que Málaga ha acogido la celebración de 231 juicios de esta naturaleza, según los datos recabados por este periódico. El texto ha vencido muchas reticencias de todo tipo de juristas, aunque su existencia aún sigue levantando críticas y oposiciones frontales.
La norma nació como un intento de llevar los aires de la joven democracia naciente a la administración de Justicia y fue impulsada, fundamentalmente, por los juristas de signo progresista. Sin embargo, muchos siguen optando por el tribunal profesional.
En torno al 90% de los 231 procesos llevados a cabo con un tribunal del jurado en la capital han estado relacionados con homicidios y asesinatos, y con más sentencias condenatorias que absolutorias, por lo que está claro que esta institución no tiene mucho predicamento entre los abogados, que cada vez que defienden a un cliente ante un jurado se enfrentan al proceso más complejo que hay en el que, además de variables jurídicas, se depende de un importante factor emocional.
En 1996 se celebraron 15 juicios en Málaga, y en 2002 fueron 25, la mayor cifra. En 2014 se desarrollaron 14 procesos, 9 de homicidio y asesinato, 3 allanamientos de morada y 2 malversaciones. Todas las sentencias fueron condenatorias.
Cada juicio mueve a un total de 30 personas, entre testigos, peritos, médicos, policias y abogados y se hace un sorteo bienal por el que son elegidas 3.000 personas en la provincia susceptibles de ser elegidas como jurado. Cada tribunal está compuesto por nueve miembros titulares y dos suplentes y el presidente sí es un magistrado profesional que, tras el juicio, somete el objeto del veredicto a los jueces populares.
El requisito mínimo es que sepan leer y escribir, aunque cada bienio son famosas las excusas que ponen los agraciados para evitar ejercer como jurado, pese a que se trata de una labor remunerada.
El Gobierno anunció una reforma de la ley que, en un principio, buscaba sacar del catálogo de delitos a enjuiciar por un jurado popular los de mayor dificultad técnica como la malversación o el cohecho, pero ello ha quedado en agua de borrajas.
El presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Alcalá, cree que esta institución «ha superado las expectativas en sentido positivo, porque en España no había tradición de jurado». «Aquí se han enjuiciado delitos muy técnicos y sensibles como el cohecho o ilícitos de sangre, y podemos estar muy orgullosos porque ha funcionado muy bien y los jurados actúan como verdaderos jueces».
Alcalá asegura que los recursos contra las sentencias son escasos y que nunca ha disuelto un magistrado profesional el jurado: «Los ciudadanos emiten juicios coherentes y acertados».
Juicios para el recuerdo
Para el recuerdo quedan juicios tan polémicos como el de Dolores Vázquez, que pasó 17 meses en prisión a principios de la pasada década por el asesinato de Rocío Wanninkhof, hija de su expareja, un crimen que ella no cometió y, pese a ello, fue condenada. La verdad salió a la luz cuando Toni Alexander King, un británico afincado en la Costa del Sol, mató también a una joven de Coín, Sonia Carabantes, y su ADN coincidió con el de una colilla hallada en la escena del crimen de Wanninkhof. Los juicios al británico por estos dos procesos también han pasado a la historia por su tensión y el dolor causado a las familias.
Para la historia quedan también el juicio a más de una decena de guardias civiles del aeropuerto acusados de cobrar dinero a los pasajeros por dejarles entrar en España con sus productos y el del crimen del joven José Pedro Fernández, apuñalado en Benalmádena en noviembre de 2007.
El abogado y exmagistrado Juan José Arroyal está a favor del jurado como «concepto» pero cree necesaria una reforma. «En su actual regulación, incluye delitos excesivamente complejos para que los pueda enjuiciar alguien lego en derecho. Explicar una malversación de caudales es complicado, tal vez habría que modificar el catálogo de delitos o implantar los jurados mixtos», con algunos magistrados profesionales, señala el asociado de Ponce. Amaya Abogados y Consultores. Este jurista aboga por eliminar el componente emocional.
Javier Muriel, abogado, indica: «Estoy en contra del jurado y a favor del tribunal profesional. Los requisitos para ser jurado son deficientes, el objeto competencial es demasiado delicado para dejarlo en manos de profanos en la materia y tristemente la sociedad en conjunto parece no estar preparada para afrontar este tipo de decisiones con garantías para el procesado. No le veo ventajas. Derogaría la ley sin dudarlo».
