La crisis de gobierno alimentada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para justificar un adelanto electoral ha puesto en guardia a IU, que ve cómo la previsible convocatoria de los comicios autonómicos el 22 de marzo rompe la hoja de ruta que se había marcado en las dos grandes consejerías que controla: Fomento y Turismo.
El equipo de IU se verá con un año menos de gestión al frente de sus responsabilidades, tiempo que sería clave para rematar algunas de las principales líneas políticas que ha aplicado desde mediados de 2012. El metro es quizá uno de los grandes perjudicados por este adelanto electoral, ya que es una infraestructura que ha pasado por siete consejeros distintos y se encuentra en un punto que requiere de un decidido apoyo de la administración. Las dudas pueden ser funestas.
El equipo de Elena Cortés, consejera de Fomento, ha conseguido en estos tres años enderezar el rumbo de la infraestructura y acordar un calendario de obras y aperturas con el Ayuntamiento de Málaga, la concesionaria y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que asegura cierta estabilidad. Sin embargo, quedan muchos flecos abiertos y el cambio en el equipo con las elecciones deja en duda la continuidad de las negociaciones con el Ayuntamiento.
No es poco lo que queda por cerrar: un acuerdo sobre la financiación de la obra, la coordinación del metro con la EMT, el proyecto en superficie hacia el Hospital Civil y las autorizaciones para construir el tramo bajo la Alameda, con unos plazos muy ajustados para terminar a finales de 2017. Esas negociaciones quedarán en suspenso de forma efectiva en cuanto se convoquen las elecciones autonómicas.
Un replanteamiento de objetivos y líneas de trabajo con otro equipo de gestión podría suponer un retraso más en el metro. Sin embargo, lo peor serían las consecuencias. El BEI ya ha advertido de que no aceptará más retrasos si no se quiere pagar una fuerte penalización en la devolución del crédito de 371 millones de euros prestados para construir el metro. Además la concesionaria se guarda bajo la manga la opción de pedir una indemnización en los tribunales por los retraso. Y no sería barato.
La política turística sería otra de las grandes perjudicadas por el adelanto electoral. La recuperación económica en la provincia está ligada a la buena evolución de este sector. Las dudas que se abren con las elecciones y la incógnita de nuevas directrices pueden comprometer el impulso de las campañas de Turismo Andaluz en fechas claves para atraer turistas.
Los principales perjudicados serían dos planes de acción -contra la estacionalidad y para el desarrollo del golf- que están pendientes de aprobar, así como el decreto contra alojamientos piratas. Su visto bueno se retrasaría, en el mejor de los casos, hasta después del verano y si no hay un replanteamiento.
La parte positiva es que la política turística cuenta mucho con el sector privado y se plantea con planes interanuales, lo que garantiza cierta estabilidad y las dudas tendrían un efecto negativo, pero limitado al corto plazo. Bien es cierto que en fechas claves.
