Quizás donde la presencia de IU se ha notado más, aplicando su visión con más claridad, es la política de vivienda. La consejera de Fomento, Elena Cortés, ha impulsado varios elementos que buscaban un cambio de criterio, como la Oficina Antidesahucio, una apuesta del programa de IU que ha tenido una notable influencia en numerosos casos en la provincia, con 1.236 procesos en los que ha intervenido en tres años. Su futuro queda ligado a los resultados electorales, abortando un año antes de lo previsto su intervención.

También queda sobre la mesa el ambicioso plan de rehabilitación de viviendas, en el que la Consejería ha trabajado durante tres años.

Queda por aprobar este plan, que ha sido concebido y diseñado por el actual equipo de la Consejería. La previsible convocatoria de elecciones autonómicas deja en suspenso el visto bueno de este plan, que ya quedaría en manos de un nuevo equipo tras las elecciones, que podría asumir o no el trabajo realizado hasta ahora.

Entre los proyectos de vivienda que se han quedado congelados a la espera del anuncio de Susana Díaz están los 26 millones de euros para ayudas al alquiler a familias con riesgo de desahucio. Este plan fue presentado a finales del año pasado y estaba pendiente de unos últimos trámites antes de entrar en servicio, al menos para este año. Las elecciones paralizarían todos los trámites hasta la elección del Gobierno andaluz.