­Alrededor de 20.000 funcionarios malagueños tienen su futuro sanitario en el aire. La rumorología en torno al futuro de la mutua que les da las prestaciones sanitarias, Muface, plantea un 2015 de cambios a nivel asistencial y de dudas de continuidad del servicio.

El mutualismo administrativo asume la prestación de la asistencia sanitaria en los mismos términos que lo hace la Seguridad Social para el resto de la población, con la particularidad de que los mutualistas y sus beneficiarios -familiares- acceden a las prestaciones a través de su mutualidad. Las tres mutuas existentes en la actualidad, Muface, Isfas -para los militares- y Mugeju -para los jueces- conciertan la asistencia sanitaria con entidades de seguro privadas y con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), abonando a las entidades una prima mensual por persona protegida. Así, las compañías se hacen cargo del 100% de los gastos sanitarios de sus asegurados, a excepción de los trasplantes. Sólo en casos de urgencia pueden acudir a la sanidad pública, pues de otro modo deben hacer frente a los gastos derivados de su asistencia. En 2013, la prima media de Muface se situó en 783 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita era de 1.236 euros.

Esto supone un ahorro para las arcas del Estado de 453 euros por asegurado, tal y como recoge el informe de Análisis de Situación 2014 del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Idis). Las propias compañías han denunciado de manera reiterada que las primas no cubren los gastos, de hecho, la siniestralidad está por encima del 90%: es decir, no ganan dinero con ello. Por este motivo, en los últimos años la mayoría de aseguradoras que prestaban estos servicios a los funcionarios han abandonado Muface y cada vez son menos las que prestan su oferta a los trabajadores. De hecho, la cifra ha pasado de catorce a cuatro.

En los últimos meses han dejado de prestar ciertos servicios a los mutualistas, además de concentrar cuadros médicos o reducir la oferta de hospitales. Esto preocupa sobremanera al sector, que observa con incertidumbre cómo alguna compañías retiran servicios, estudian copagos o limitan la oferta, lo que aumentará unas listas de espera que antes no existían.

El responsable del sector de Administración General del Estado (Age) de CSIF Málaga, Juan Carlos Pedrosa, admite que la situación preocupa a los mutualistas, pues el nuevo concierto deja «mucho que desear». «Las compañías sueltan la idea, hay incertidumbre. No hay que alarmarse porque las que siguen con concierto van a seguir prestando asistencia, pero es cierto que hay zonas que se están quedando desasistidas. No sabemos en qué va a acabar esta situación», señala Pedrosa, que informa de que las últimas noticias de las que dispone su sindicato es de que el Gobierno sólo ha abonado la parte correspondiente a los meses de enero y febrero.

No obstante, en Málaga, de momento, no se han negado servicios, según advierte, como sí ha ocurrido en Madrid o León. Sin embargo, sí tienen noticias de más saturación y de concentración de servicios de algunas compañías, que han reunido algunas prestaciones como los análisis de sangre en un sólo hospital por compañía.

Pero desde CSIF insisten en la importancia de diferenciar. No se trata de pólizas privadas entre un cliente y una empresa, sino que se trata de las cotizaciones a las clases pasivas. «Tenemos el mismo padre que cualquier trabajador, el Estado», apunta, al tiempo que reconoce que derivar a todos los funcionarios a la Seguridad Social sería «romper» el sistema, pues sólo en Málaga supondría sumar 20.000 pacientes más.

«Le sale más caro pagar la sanidad pública, al Gobierno no le interesa», destaca Pedrosa, que reconoce que no descartan hacer movilizaciones en caso de que la situación se complique para los trabajadores de la función pública.

Y es que en el conjunto global del país hay dos millones de mutualistas y beneficiarios que, en caso de elegir la Seguridad Social por la desaparición de la mutua del Estado, podría ocasionar un colapso del sistema sin precedentes.

En este sentido, el secretario general de IDIS, Juan Abarca, afirma que, de desaparecer el modelo, se produciría una situación crítica tanto para el sistema sanitario público como para el privado. La Seguridad Social se colapsaría, pues los hospitales ya tiene suficiente demanda, y las listas de espera se alargarían aún más en el tiempo. En definitiva, «se acrecentaría un problema que ya existe de acceso a servicios y prestaciones». Así, admite que para la privada sería otra «catástrofe», propiciando el cierre de alrededor de cien hospitales privados en todo el país. «Sería también una grave consecuencia para el empleo», apunta.

Un problema agudizado

Desde Idis alertan de que la insuficiencia de las primas ha llevado a varias aseguradoras relevantes a dejar este modelo de colaboración con el Estado y creen que la «insuficiente» financiación de los conciertos de las mutualidades con entidades de seguro no es un problema nuevo, pero se ha agudizado en los últimos años como consecuencia de las políticas en materia de gasto público.

«Hoy por hoy el modelo está claramente comprometido por una cuestión de sostenibilidad», afirma Abarca, que destaca que las cuentas no cuadran en los seguros privados, que reciben por paciente mutualista un 40% menos de dinero que la propia sanidad pública, lo que evidencia la infradotación por funcionario respecto a cualquier otro ciudadano.

De hecho, el secretario general de Idis admite que el modelo es cada vez menos sostenible porque, pese a que el pago por mutualista es el mismo, los gastos se incrementan. «Cada vez hay más y mejores tecnologías en las que invertir y la demanda del ciudadano también porque lo que antes te mataba, hoy es crónico», apunta, al tiempo que señala que mientras el coste por paciente ha aumentado paulatinamente, no se ha compensado a los compañías aseguradoras. «Ha llegado un punto en el cual gastas más de lo que ingresas. No es cuestión de rentabilidad, sino de viabilidad», apunta.

De hecho, destaca que hace diez años un total de catorce compañías cubrían a los mutualistas, cifra muy superior a la actual, cuando sólo lo hacen cuatro. Por eso, señala que las empresas están concentrando cuadros médicos para no perder dinero, pero sin perder la calidad del servicio. «Los funcionarios lo habrán notado, pero no en las prestaciones ni en la calidad del servicio», destaca. Y es que las empresas no pueden incumplir los contratos ni dejar de cubrir todas las patologías. «No pueden dar una oferta peor que en la pública, sería incumplir el contrato», destaca.

Por eso, cree que la viabilidad del sector pasaría por incrementar la prima por paciente entre un 5 y un 10%, lo que daría un respiro a las empresas y no empeoraría el servicio ni aumentaría los tiempos de espera a los funcionarios y sus familiares. «El futuro a medio plazo está comprometido. Se está llegando al final de un cuento: o se financia correctamente o creo que las compañías se acabarán retirando y el modelo no tendrá sentido, con las consecuencias evidentes tanto para la sanidad pública como para la privada», dice.

Explicaciones

El Ministerio de Hacienda negó esta semana que exista recorte alguno de las prestaciones sanitarias o de la asistencia que reciben los funcionarios adscritos a la mutualidad Muface. Fuentes del departamento ministerial al que está adscrita dicha mutualidad dijeron que para este año el presupuesto se ha incrementado el 1,58 % y asciende a 1.635 millones de euros, con el fin de mejorar su asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica.

El PSOE y el sindicato de funcionarios CSIF han exigido al Gobierno que explique el recorte de las prestaciones y de la atención sanitaria que ha sufrido el colectivo. Según el sindicato, funcionarios con enfermedades graves deberán cambiar de médico y hospital en seis meses por los «recortes por criterios económicos» de las aseguradoras privadas con las que ahora trabaja Muface.