­Uno de los mayores contratos firmados por el actual equipo de gobierno de la Diputación Provincial, el adjudicado por 76 millones de euros a las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Urbaser para la recogida de residuos en los municipios de la provincia a través del Consorcio Provincial de Residuos, ha sido cuestionado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Este organismo afirma que el concurso es uno de los que estas empresas se han adjudicado de manera irregular gracias a un acuerdo mantenido entre ellas y otras 33 sociedades con el objetivo de repartirse los contratos de recogida de basuras y residuos en toda España.

Este contrato de la Diputación es uno de los que figura como ejemplo de práctica irregular en la resolución dada a conocer ayer por la CNMC, por la que impone una multa de 98,2 millones de euros a este grupo de empresas por mantener durante al menos trece años un acuerdo tendente a repartirse los contratos de recogida de basuras y residuos en toda España.

La resolución de la CNMC señala que el 2 de septiembre de 2011 las empresas Urbaser y FCC inician conversaciones para «suscribir un acuerdo» para concurrir con una oferta conjunta al concurso convocado por la Diputación y el Consorcio Provincial de Residuos .

Gracias a este acuerdo, según la CNMC, el 16 de mayo de 2013, una UTE formada por Urbaser y FCC se adjudicó el servicio de recogida, transporte y tratamiento de envases ligeros en los municipios que gestiona el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga por un valor estimado de 76.204.770 euros en sus 15 años de duración, según el anuncio de licitación publicado en el BOE de 12 de septiembre de 2012.

En su resolución, la CNMC señala igualmente como concurso irregular el adjudicado en mayo de 2010 por el Ayuntamiento de Marbella a las empresas FCC y Urbaser.

Según Competencia, ambas empresas decidieron presentarse por separado al concurso. Después, «acordaron constituir una cuenta de participación en la que participaba cada una al 50% y en la que se establecieron sus derechos y obligaciones».

Aunque en los años en que estas empresas practicaron este acuerdo ilegal (2000 a 2013) se adjudicó el contrato de Limasa en la capital (abril de 2001), la resolución de la CNMC no hace referencia a prácticas ilegales en la capital ni en relación al contrato de Limasa.

En la resolución por la que la comisión impone una multa de 92,8 millones a estas empresas, entre las que también están ACS, Ferrovial, o Sacyr, se señala que mantuvieron durante al menos trece años un acuerdo entre ellas tendente a repartirse los contratos de recogida de basuras y residuos en toda España

En concreto, estas empresas mantuvieron acuerdos por los que se repartían los contratos públicos de ayuntamientos o los boicoteaban, esto es, acordaban no presentarse si las condiciones «no se ajustaban a sus intereses». También se distribuían y se respetaban sus respectivos clientes, tanto públicos como privados, y se intercambiaban información «comercial».