La Unión Europea ha llegado con sus millones para impulsar el reparto de comida entre las personas más necesitadas. Nada menos que 563 millones de euros hasta 2020 para toda España, un 85% de los 662 millones disponibles para ese periodo. Un presupuesto que permitirá aumentar los recursos disponibles para cubrir esta necesidad básica. Pero también se aumentará el control sobre el reparto para asegurar que los alimentos lleguen a quien de verdad lo necesita. Y ahí es donde empiezan los problemas, no tanto por imponer un sistema de control, sino por cómo lo quiere imponer. Asociaciones y ayuntamientos ya han advertido de que las exigencias son irrealizables, a menos que se quiera asumir el riesgo de dejar a muchas familias fuera del reparto.
La ayuda europea llega a España con condiciones, tanto para los beneficiarios como para las entidades encargadas del reparto. A los primeros se les exigirá un certificado de exclusión social que certifique que de verdad necesita la ayuda; mientras que los colectivos sociales tendrán que asumir un trabajo de control y acompañamiento para facilitar la integración social y laboral de las personas con necesidades.
El propio ministro de Sanidad y Servicios Sociales, Alfonso Alonso, que asume la responsabilidad de la gestión de estos fondos, reconoce que de la Comisión Europea impone la obligación de «garantizar que estos alimentos llegan a quienes lo necesitan» y que estas personas reciben además, otro tipo de atenciones, «no es solo dar asistencia sino todo un acompañamiento» con información «sobre todos los recursos sociales que están a su disposición» o participar «en un programa de inserción socio laboral».
Hasta ahí parecen medidas lógicas. Al menos sobre el papel. El problema es que su aplicación efectiva se tiene que realizar en poco más de un mes, ya que fueron aprobadas a finales de enero y se exige su aplicación para mediados de marzo. Poco tiempo para tantos requisitos.
De hecho, el concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, solicitó el martes una moratoria de un año al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para no colapsar la administración municipal.
Aunque Pomares alaba la adopción de medidas de control para el reparto de alimentos, reconoce que se concede un plazo muy escaso para redactar los 94.000 certificados necesarios para los beneficiarios de los bancos de alimentos que hay en la provincia de Málaga. No obstante, no todos los beneficiarios del reparto de alimentos tendrán que obtener estos certificados, ya que quedan excluidos los que acuden a los comedores sociales y las personas sin hogar.
«El plan operativo ha sido aprobado por el ministerio y las comunidades sin contar con los ayuntamientos», apuntó Pomares, quien criticó que se deja en manos de unos sobrecargados servicios sociales municipales la responsabilidad de extender los certificados de exclusión social, que se considera condición necesaria para acceder al reparto de alimentos. Esto supone que una familia se puede quedar fuera del sistema hasta que no logre una cita con los servicios sociales para obtener el certificado. Y las citas no están siendo inmediatas por falta de personal y capacidad para atender al importante volumen de personas beneficiarias de este reparto.
Los ayuntamientos se han plantado ante la presión a la que se ven sometidos y piden una moratoria de un año para acometer este proceso de revisión de la situación los beneficiarios de los bancos de alimentos, de forma que durante 2015 se mantenga el reparto actual y que en 2016 ya se exija el certificado de exclusión social, una vez que el proceso de revisión se haya terminado.
Además, los ayuntamientos están a la espera de recibir un modelo común de informe, que debe elaborar el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, que unifique el trabajo en todos los municipios.
Las 339 asociaciones dedicadas al reparto de alimentos en la provincia de Málaga también se encuentran en una difícil encrucijada, sobre todo las más pequeñas. Las nuevas exigencias de la UE reclaman que asuman medidas de orientación laboral y social a los beneficiarios, una medida que requiere de un material y preparación técnica a la que no pueden acceder muchas de las entidades.
El presidente de OSAH, Antonio Paneque, considera que es «una barbaridad que se exija que haya un técnico en muchas asociaciones que son pequeñas y no tienen capacidad para eso, lo que puede llevar a que dejen de repartir». Una opinión compartida por Curro López, presidente de la asociación de vecinos de Lagunillas, que considera que esto va a llevar a la desaparición de asociaciones de ayuda, ante la imposibilidad de cumplir con estas medidas de la UE y eso las deje fuera del sistema de reparto.
