­Sólo el 5% de los menores de edad que han delinquido en Málaga están privados de libertad en régimen cerrado, según los datos hechos públicos ayer por la Consejería de Justicia e Interior en la reunión que mantuvo el titular de esta cartera, Emilio de Llera, en la ciudad con las entidades que trabajan con estos jóvenes infractores en Andalucía Oriental.

Así, en Málaga se están ejecutando por parte de la Junta de Andalucía un total de 1.700 medidas dictadas por los tres juzgados de Menores con el fin de reeducar y reinsertar a los jóvenes delincuentes. De éstas, 500 de las medidas de ejecución son de internamiento y 1.200 de régimen abierto.

Las medidas que conllevan privación de libertad sólo son de régimen cerrado en un 5% de los casos, mientras que el resto de decisiones judiciales suponen penas de régimen semiabierto e internamiento durante el fin de semana.

Málaga cuenta en total con un centro de internamiento y ocho servicios y recursos para las medidas judiciales en medio abierto. La mayor parte de los menores que han delinquido tienen entre 16 y 17 años y los delitos más frecuentes son contra el patrimonio, la libertad y el orden público.

Andalucía tiene un total de 776 plazas distribuidas en 15 centros. De Llera tasó en 77,7 millones de euros el dinero destinado a estas políticas que son prioritarias, dijo, «para la reeducación» de estos justiciables.

El consejero también alertó ayer sobre el importante aumento de los delitos de maltrato intrafamiliar cometidos por menores en la comunidad, y abogó por la prevención y la educación para evitar este tipo de agresiones en el seno de las familias.

De este problema ya han alertado prácticamente todas las memorias judiciales existentes. De Llera mostró ayer su preocupación por este problema en la reunión con estas entidades.

«Debemos adoptar medidas preventivas tanto en los centros educativos como en las propias familias para evitar que estas situaciones lleguen a los juzgados por el drama que suponen», precisó. El consejero añadió que su departamento y los profesionales que trabajan con estos chicos van a hacer un estudio en profundidad sobre este fenómeno con el fin de adoptar las medidas más acertadas que pongan freno al número creciente de este tipo de delitos.

La génesis del comportamiento delictivo de los menores de edad estaría, según el también fiscal, en que «existe una falta de atención a estos jóvenes, y la sociedad no los está educando bien, ya que los padres a veces no saben decir no a sus hijos y no les ponen límites, lo que provoca que se conviertan primero en unos pequeños tiranos y luego en unos grandes tiranos».

Así, trasladó a los responsables de las entidades de justifica juvenil el contenido de un nuevo decreto regulador de los centros de internamiento de la Junta de Andalucía. La norma, aprobada en Consejo de Gobierno, incluye nuevos programas para la atención de las necesidades específicas de los menores infractores y el refuerzo de la cualificación de los profesionales que trabajan para la reeducación y reinserción de los mismos, «finalidad primordial de estos recursos», apuntó.

«Cuando un menor comete una infracción penal», explicó De Llera, «suele tratarse de un accidente en su vida. Tenemos que lograr que lo superen y recuperarlos para la sociedad». En este sentido, el consejero reconoció el compromiso y la buena gestión de las entidades que trabajan con la Junta en la reeducación y reinserción de los menores que cumplen una medida judicial en la región y puso de relieve su dedicación y profesionalidad. Casi 2.000 personas se dedican a esta tarea.

De Llera valoró los resultados del sistema de justicia juvenil de Andalucía, donde cerca de 9.000 menores infractores cumplen medidas judiciales en medio abierto y cerrado para su resocialización y reeducación. A su juicio, el sistema es un referente en España con unos índices de reinserción y no reincidencia de los infractores que alcanza el 80%, lo que le ha supuesto incluso un reconocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que incluso le otorgó el Premio a la Calidad de la Justicia, debido a la gestión de la Junta en esta materia.