­Un informe de la Intervención de la Junta de Andalucía, fechado en junio de 2014, es decir, ya con la operación Edu en marcha, concluye que la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Málaga «no ha cumplido con la legislación que le es aplicable» tras realizar una auditoría de la gestión realizada en la tramitación de las subvenciones de cursos de formación para desempleados.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitió en un oficio, fechado el 3 de febrero de 2015, al Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que instruye la rama costasoleña del caso Edu, el informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las subvenciones de los cursos de formación y destacaba que se había elaborado en 2014, «estando ya activa la operación Edu». Y hay más informes: uno de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

En el oficio, los investigadores reclaman al juez que, a su vez, dirija un mandamiento a la Intervención General de Andalucía -Intervención Provincial de Málaga- para que amplíe el informe en lo referente a las aplicaciones presupuestarias y a los expedientes individualizados recogidos en las resoluciones del 4 de noviembre de 2010 y 15 de diciembre de 2010. La investigación del caso Edu en Málaga afecta a 17 empresas en relación a la primera resolución y a diez en cuanto a la segunda.

La policía entiende que tanto el informe de la Cámara de Cuentas como el de la Intervención de la Junta «han de servir como referencia y complemento en la presente investigación por la trascendencia y relevancia de las conclusiones expuestas en los mismos».

En el informe de la Intervención, fechado el 26 de junio de 2014 y contenido en el sumario de la operación Edu, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga, la Junta llega a una serie de conclusiones. En las primeras conclusiones, relativas a los procedimientos y la gestión de las subvenciones, los redactores del análisis dicen: «Se han observado deficiencias significativas en la gestión de las subvenciones por parte del SAE». Una de ellas, «no consta en los expedientes documentación suficiente relativa a la selección de los alumnos admitidos a las actividades formativas, y tampoco consta un seguimiento constante de dichas actividades, lo que se constata con el escaso número de visitas de seguimiento de los cursos».

En el ámbito administrativo, «la práctica totalidad de las acciones formativas han finalizado en fecha posterior a la fijada en la resolución de la concesión y sin que conste que se haya dictado por el SAE la pertinente resolución de ampliación». En cuanto al archivo de la documentación administrativa, se observa «que no se sigue un criterio correcto dado el desorden observado en los expedientes analizados, la falta de documentación detectada en algunos expedientes y los errores en el archivo de los documentos que, en ocasiones, también se han detectado».

Tampoco consta que el SAE haya hecho un seguimiento posterior del alumnado participante en los cursos «a fin de comprobar su evolución y situación laboral, elaborando el pertinente informe de inserción».

Otras conclusiones se recogen en el apartado relativo a los fondos recibidos, donde se han encontrado incidencias significativas. «En la práctica totalidad de los informes de auditoría, que se aportan por los beneficiarios con la cuenta justificativa de la subvención, no se recogen incidencias, a pesar» de que en los controles sí se han detectado varias. Hay deficiencias en cuanto al sistema de control de gastos, ni se ha pedido el reintegro de la ayuda en casos en los que beneficiarios hayan incumplido sus obligaciones.

Especial «seriedad» reviste el elevado número de carpetillas pendientes de liquidación por el SAE, es decir, «faltas de una comprobación detallada de los gastos aportados por las entidades beneficiarias». En la mayoría de los casos, el retraso es solo imputable al SAE. El dictamen del interventor provincial y su adjunto es que el SAE no ha cumplido con la legislación que le es aplicable.

En un párrafo de «énfasis», los redactores proponen «un plan urgente» para acelerar la comprobación y liquidación de los expedientes con justificaciones pendientes». Asimismo, cuando se comenzó a elaborar este informe había casos en los que se habían iniciado los cursos o no se acreditó el compromiso de contratación de los alumnos o no había documentación relativa a la justificación económica. «Deberían iniciarse los procedimientos de reintegro de los anticipos a la mayor brevedad».

Luego, los dos interventores que han redactado el estudio, capital para la policía que investiga Edu, emiten seis recomendaciones cuya concreción deberá ser revisada en otro informe de la Delegación Provincial de Educación. Así, en el plano administrativo se recomienda un archivo cuidadoso de la documentación de los expedientes; un seguimiento detallado del desarrollo de las actividades formativas, incrementando las visitas de seguimiento; se recomienda que se revisen los expedientes en los que no hay partes de firma de asistencia del alumnado, el inicio de los expedientes para que las empresas afectadas devuelvan las subvenciones, un plan urgente para agilizar la comprobación y liquidación de las carpetillas con justificaciones pendientes y la elaboración de un informe de inserción para comprobar la situación laboral posterior de los alumnos.