Economía

Casi 2.000 empresas malagueñas pidieron entrar en concurso durante la crisis

Medio millar de sociedades de la Costa del Sol ha acabado en liquidación tras someterse a la suspensión de pagos entre 2007 y 20014

13.04.2015 | 12:40

Los expertos dicen que sólo entre el 5% y el 20% de las mercantiles siguen vivas tras ir al juzgado porque los empresarios presentan la solicitud demasiado tarde

­«¿Pasan todos los españoles una revisión al año en el dentista y en el médico? No. Yo uso mucho una frase con los clientes que han presentado un proceso concursal: esta consulta la tenía que haber pasado hace un año». Quien describe así uno de los peores trances para cualquier empresario, pedir a los dos juzgados de lo Mercantil de Málaga que declare a su sociedad en proceso concursal, es Manuel Rincón, director de Rinber Abogados, acostumbrado a asesorar a personas cuyas mercantiles están al borde de la quiebra y llaman a la puerta de quienes pueden ayudarles. Carlos Cómitre, director del despacho Ley 57 y experto administrador concursal, lo dice también muy gráficamente: «Los administradores no somos gestores del cementerio de elefantes». A esta situación se han enfrentado 1.810 firmas en Málaga entre 2007 y 2014, los años que abarcan toda la recesión económica, según los datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ese guarismo, dicho así, en frío, encierra muchos desvelos, demasiados suspiros por no poder pagar a los proveedores o a sus propios trabajadores, noches de insomnio y profundas preocupaciones. Es el dato más fiel que existe para palpar la profundidad de la crisis en el tejido empresarial malagueño y su reflejo en los órganos judiciales, sobrecargados de trabajo debido a ello. Para dar una idea de lo sucedido, cabe echar un vistazo a la serie estadística: en 2007, 58 empresas presentaron una solicitud ante el, entonces, único Juzgado de lo Mercantil de Málaga para declararse en suspensión de pagos. Ya en 2008, cuando los estragos de la crisis se hicieron más presentes en la realidad de los malagueños, la cifra se multiplicó casi por cuatro (196). El pico se alcanzó en 2012, con 326 concursos, de forma que en 2013 se dieron 271 y en 2014, 249, lo que se achaca a la mejora general de los indicadores macroeconómicos y a recientes cambios en la ley que regula esta herramienta.

Asimismo, en esos siete años son 521 las empresas que acabaron en liquidación, es decir, que no superaron el concurso y no pudieron llegar a un convenio de pago con sus acreedores. No hay una correlación directa entre el primer dato y éste dado que de las 1.810 solicitudes presentadas muchas siguen hoy en trámite, pues un concurso, dada la saturación de los dos juzgados malagueños y la entidad de las empresas –muchas de ellas gigantes del boom inmobiliario– dura a veces entre cuatro y cinco años, como ha ocurrido, por ejemplo, con Aifos, que tras más de un lustro de concurso ha acabado en liquidación.

Muchas de las que presentaron su solicitud de concurso, que luego debe aprobar el juez, acabarán cerradas, augura Carlos Cómitre, precisamente porque los empresarios llegan muy tarde al juzgado o a los despachos de los abogados. Lo cierto es que en Europa la cultura concursal es mucho mayor y, a cambio de una quita, los proveedores permiten que la empresa siga existiendo y generando riqueza. En España, la cosa es mucho más difícil. Cómitre tasa la mortalidad empresarial tras pasar por el trámite judicial en un 95%, y Manuel Rincón dice que no más del 20% de las sociedades sobreviven.

«Soy administrador de tres concursos, dos en liquidación y el tercero va de camino. Hablamos de un 95% de mortalidad. La herramienta es estupenda si llegas con oxígeno, pero si llegas muerto no te resucita. Por ejemplo, en el caso de Aifos se llegó con oxígeno y la mataron. En España no hay cultura de la gestión de la quiebra», señaló.

Hay quien, en la hora última de la vida de su empresa, empieza a refinanciar la deuda como si no hubiera mañana y eso, al final, es cavar una tumba más profunda. «Aportan su patrimonio personal como garantía porque el banco se lo pidió y lo pierden todo», dice Cómitre, quien insiste en que a veces se pide que la pareja, con la que se ha establecido la separación de bienes, firme y se acaba perdiendo la casa. Lo ideal es ir al concurso «cuando te das cuenta que no puedes cumplir los compromisos».

En los juzgados de lo Mercantil, completamente saturados, hay cientos de millones de euros retenidos en el limbo jurídico a la espera de una decisión del juez, un dinero que podría engrasar muy bien los deprimidos conductos de la economía provincial.

Manuel Rincón diferencia, por su parte, dos situaciones: si lo que se debe es mucho y el acreedor es una administración pública la cosa pinta mal. La Seguridad Social y Hacienda, junto a los bancos, son aquí las primeras actrices de una película que siempre acaba mal para el empresario, porque sus créditos son privilegiados. Si se debe a los proveedores normales «se puede llegar a un buen acuerdo». «El problema es que la mayor parte de las deudas suelen ser con Hacienda y la Seguridad Social y sus abogados no tienen competencias para negociar, porque el sistema no obliga a las administraciones».

Con tacto y disposición negociadora puede llegarse a un convenio con una quita de hasta el 60% de los acreedores y un periodo de carencia de pago de cinco años –y más–. Los trabajadores pueden estar un tiempo sin cobrar, pero la mayor parte de su sueldo está garantizada por el Fogasa, que al final se convierte en acreedor y su crédito es privilegiado.

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