­El abogado y director del despacho Ley 57, con sedes en Marbella y Alhaurín el Grande, Carlos Cómitre, es uno de los grandes expertos en procesos concursales y pone el dedo en la llaga cuando habla al respecto. En su opinión, el actual texto de la Ley Concursal da más caminos, proporciona más asideros para las empresas que están al borde de la quiebra, aunque se queja de las continuas modificaciones que ha experimentado. «La Ley Concursal se modificó en 2003 y, desde entonces, ha sufrido 27 reformas. Este año tocará una nueva. Es una Ley parcheada. En doce años ha sido retocada veinte y pico veces, yo nunca recomiendo a nadie que se compre la Ley Concursal impresa», ironiza.

Cómitre, sin embargo, ve ciertos avances como el preconcurso, por el que se concede un plazo de tres meses al empresario afectado para financiarse o refinanciarse. Si no, se declara el concurso. «Ahora, sin duda, la ley da más caminos», aunque él preferiría que la norma dejara de sufrir un parche tras otro por la confusión normativa existente.

¿Por qué mueren un 95% de las empresas que se declaran en concurso de acreedores? Es un mix de muchas cosas, un cóctel perfecto ya que no se trata sólo de impagos a terceros y de crisis, sino que también influye, por ejemplo, la privilegiada situación de las administraciones públicas y de los bancos a la hora de hacerse con las deudas. Estos actores, cuando están al otro lado de la mesa, suelen apretar más de lo que parece. Eso es lo que piensa, al menos, Manuel Rincón, director del despacho Rinber Abogados, y jurista de reconocido prestigio en este campo. «Si lo que se debe es a bancos, a Hacienda y a la Seguridad Social, todo va a liquidación, porque sus créditos están privilegiados».

Desde su punto de vista, cuando un abogado va a negociar representando los intereses de las diferentes administraciones públicas suele tener poco margen para negociar un convenio que deje respirar al afectado o, por lo menos, le permita hacer frente a los vencimientos inminentes. La idea sería que la norma obligara, por qué no, a la administración y así, cumpliendo unos requisitos como que el concurso no fuera culpable, el empresario en cuestión tuviera más manga ancha o más futuro.

Otro problema básico y que afecta de lleno a las empresas es la situación que atraviesan los dos juzgados de lo Mercantil de Málaga, de los que el 1 es el más saturado de España y en el que se han ventilado procedimientos concursales como los de Aifos o EveMarina que, por su dimensión, hubieran necesitado de una sola oficina sólo para ellos. Los refuerzos fueron puntuales pero lo que se necesita, en opinión del secretario provincial del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Juan Antonio Luque, son, al menos, tres juzgados más para que la carga de trabajo fuera asumible y para que la economía provincial recibiera «un soplo de aire fresco» dado el dinero retenido en las oficinas.