Han pasado ya más de trece meses desde que la Junta anunciara su intención de poner orden en el abigarrado universo legal en el que naufragan desde hace años los alquileres vacacionales. Sin embargo, el proyecto, y más después de la interinidad obligada por las elecciones, no acaba de cobrar forma. Ni siquiera, tras la aprobación, el pasado septiembre, del borrador. La ley sigue siendo, en la práctica, la misma que en 2011, lo que se traduce en una indeterminación que ha dado alas al negocio clandestino y a un tipo de competencia ilegal que desespera tanto a los dueños de los apartamentos reglados como a la propia planta hotelera.
El decreto que preparaba la Junta, que se hacía eco de una demanda que une a sindicatos y empresarios, tenía como objetivo la lucha contra los alojamientos clandestinos. El planteamiento consistía en hacer emerger los pisos que actualmente operan sin control, generando un montante en negro superior a los 100 millones de euros al año.
En la Costa del Sol se calcula que más del 40 por ciento de la oferta de pisos de alquiler es clandestina. En muchos casos, sin que concurra voluntad delictiva, en mitad de un limbo jurídico que constituye el centro del caos que quiere ahora empezar a desovillar la administración. En 2011, con motivo de la aprobación de la nueva Ley del Turismo, la Junta dejó fuera de la legislación el alquiler vacacional. El Gobierno, con la reforma de la norma que rige el arrendamiento urbano, y tras un intento polémico de control, devolvió la patata caliente a las autonomías, que son quienes se enfrentan en estos momentos al desafío de resolver el puzzle.
El desorden legislativo ampara a un tipo de oferta pirata que da mal nombre al destino y perjudica doblemente a los empresarios: en primer lugar, por la conquista ilegítima de clientes, y, en segundo término, porque se trata de negocios que no pagan impuestos.
