El Sindicato de Técnicos de la Administración de Justicia (STAJ) instó ayer a los grupos del Congreso de los Diputados a luchar por mantener el Registro Civil, una institución «parte de nuestra historia, pública, gratuita y de justicia». «A sólo tres meses vista de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno aún no ha promovido los necesarios desarrollos reglamentarios y a desplegar la plataforma informática imprescindible para hacer efectivo el nuevo modelo de Registro Civil previsto en la norma», denuncia el sindicato, que añade: «Todos temen por la pérdida del carácter público y gratuito del servicio, así como por su alejamiento de los ciudadanos, al perderse el carácter municipal que actualmente tienen las oficinas del Registro Civil». Cree el sindicato que no se puede mercantilizar «un servicio público de calidad».
