Un empresario dueño de un centro de formación imputado en el caso Edu sobre supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación ha asegurado hoy ante el instructor del procedimiento que la Junta de Andalucía no hizo ninguna inspección del curso.

El imputado había sido citado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que investiga el caso, y durante su comparecencia sólo ha contestado a las preguntas de su abogado defensor.

Ha asegurado que recibió una subvención de 75.000 euros por un curso de auxiliar de prótesis dental, de 709 horas, en 2011 y que fue desarrollado por quince alumnos.

El empresario ha indicado que durante el curso la Junta de Andalucía no mandó ningún inspector para la supervisión del mismo aunque ha explicado que se daba cuenta online a través de un programa informático.

La pareja del dueño del centro también estaba citada para declarar aunque la mujer ha explicado que no tuvo participación en el curso ni en la gestión del mismo ya que ella sólo figuraba como accionista de la sociedad con un diez por ciento.

Las declaraciones ante el instructor continúan las próximas semanas que tiene previsto citar a unas trescientas personas, entre ellas alumnos, profesores y empresarios, todas ellas relacionadas con las empresas y los cursos impartidos en la primera convocatoria, de diciembre de 2010.

También serán citados los responsables y funcionarios encargados de conceder las ayudas aunque según las fuentes consultadas previsiblemente estas citaciones serán de las últimas para que el juez instructor tenga sobre la mesa las declaraciones de testigos y supuestos beneficiarios.

Para no entorpecer ni paralizar otros asuntos, el juzgado tiene previsto tomar declaraciones durante varios meses.

Esta primera fase del caso Edu, que investiga el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados, se ha dividido en dieciséis piezas separadas, aunque las diligencias se centran en diecisiete empresas, ya que dos de ellas se han agrupado en una misma pieza separada por tener vínculos.

El juez instructor también ya tiene en su poder la investigación de la segunda parte de las pesquisas, la denominada Edu Costa, y que afecta a diez empresas en Málaga, todas ellas relacionadas con una convocatoria de ayudas de noviembre de 2010.

Con la resolución de la Consejería de Empleo de 4 de noviembre de 2010 se concedieron en Málaga ayudas a treinta empresas y las investigaciones han detectado irregularidades en diez de ellas.

Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones.

La investigación del presunto fraude en los fondos de formación para desempleados se inició a raíz de una denuncia ante la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF).

El caso se inició tras las irregularidades detectadas por la Seguridad Social, que fue lo que activó la alarma y provocó la investigación por parte de la UDEF.

Esta unidad, tras investigar el caso, ratificó las supuestas irregularidades que se detectaron, entre ellas falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se les concedieron los fondos y también un supuesto incumplimiento en la contratación del sesenta por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia.