Tribunales

El TSJA pide edificios de nueva planta para evitar los elevados alquileres

Resalta en su última memoria las deficiencias de las sedes de Torremolinos, Torrox y Estepona

27.04.2015 | 05:00

­El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) apuesta por la construcción de nuevas sedes judiciales «o proyectos similares» en la comunidad autónoma para evitar «elevados gastos» en alquileres, que supusieron un total de 14,8 millones de euros el pasado año.Así lo señala en su Memoria Anual de Actividades de 2013, presentada recientemente en Granada por el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, y en la que se alerta de que las actuaciones desarrolladas hasta el momento en infraestructuras judiciales no han conseguido dar cumplimiento a uno de los objetivos fundamentales del Plan de Infraestructuras, «cual es el de favorecer el régimen de titularidad pública de las sedes judiciales, en detrimento del régimen de arrendamiento».

El porcentaje de inmuebles en arrendamiento respecto al total de sedes judiciales de Andalucía, según el TSJA, se mantiene constante en un valor del 43,3 por ciento desde la fecha de redacción del Plan. Incluso la superficie en régimen de alquiler ha experimentado un «notable crecimiento», con un elevado gasto en alquileres judiciales (un total de 14,8 millones durante el año 2014), «que se reduciría notablemente con edificios de nueva planta o proyectos similares».

Según el Alto Tribunal andaluz, no han existido novedades en edificios de nueva planta, en concentración de sedes y mejor utilización de las actuales, o proyectos similares de envergadura pendientes de poner en marcha «desde hace bastante tiempo».

En Málaga, los edificios judiciales de la Costa son los «que más deficiencias graves plantean», como es el caso de Torremolinos; Fuengirola; Torrox, con problemas de accesibilidad; o Estepona, con carencias «muy difíciles de asumir», puesto que se ubica en la primera planta de un edificio de viviendas.

El TSJA solicita así «un mayor esfuerzo» en ese sentido a la administración competente, «pues no parece aceptable que el 77 por ciento del presupuesto programado para infraestructuras judiciales no se haya ejecutado tras quince años de ejercicio de competencias en administración de justicia».

Las necesidades «más apremiantes y llamativas» afectan por tanto a edificios judiciales «dispersos e inadecuados», con costosos alquileres.

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