Recortes

La paga extra que la Junta no devuelve

Más de 2.400 empleados malagueños sufren los recortes del Gobierno andaluz, según CSIF, que exige la restitución de los derechos laborales "usurpados"

30.04.2015 | 05:00
Concentración del CSIF para exigir la devolución de la paga extra suprimida.

Los funcionarios autonómicos han perdido un 30% de poder adquisitivo desde que empezó la crisis

­La crisis económica y los ajustes de las administraciones también ha pasado una factura muy elevada al personal funcionario de la Junta de Andalucía. Desde 2010, año en el que la crisis golpeó con mayor virulencia y obligó a todas las administraciones a plantear severos planes de ajustes, los funcionarios de la Junta de Andalucía han sufrido unos recortes salariales que rondan el 30% de media y que en el caso de la provincia de Málaga afectan directamente a más de 2.400 trabajadores, según denuncia el sindicato CSIF.

Este sindicato considera que los recortes de la administración autonómica ponen en riesgo importantes logros laborales conseguidos en los últimos veinte años. Por este motivo, según informa, ha exigido por escrito a la Administración general de la Junta de Andalucía que restituya estos derechos que «han sido usurpados». Los funcionarios de la Junta son, según CSIF, el colectivo de la función pública que mayores recortes ha sufrido en sus condiciones laborales en los últimos años, lo que ha provocado una «discriminación» con respecto a las condiciones laborales del resto de funcionarios españoles.

CSIF considera que la crisis económica no ha sido más que una excusa con la que los distintos gobiernos nacional y autonómico han provocado un deterioro generalizado de las condiciones laborales del funcionario, entre la pérdida de días de libre disposición, los descuentos en la nómina por baja médica, la retirada injusta de pagas extra, los recortes en ayudas sociales y mutuas sanitarias, el incremento de jornada y la reducida tasa de reposición.

«Muchos de estos recortes ponen en peligro importantes logros laborales conseguidos en los últimos veinte años», subraya CSIF, que en los últimos años ha batallado en la consecución de estos derechos que ahora le son arrebatados a los funcionarios públicos. «Se trata de acuerdos históricos que sentaron las bases de las condiciones laborales de los funcionarios desde el año 1988, como la subida mínima de tres puntos en todos los puestos base, los fondos para ayudas sociales (ayudas al estudio, a personas con discapacidad, a guarderías€), el 100% de las retribuciones básicas para el personal interino y la convocatoria periódica del concurso de traslados, entre otras», recuerda la central sindical.

El CSIF sostiene que los funcionarios de la Junta de Andalucía «no pueden quedarse al margen de la recuperación». Por este motivo, exige la reposición de efectivos y el mantenimiento de los servicios públicos de calidad, al tiempo que también entiende que es necesaria la defensa de la labor que los funcionarios públicos desempeñan.

Es más, considera improcedente que se hayan cargado las tintas sobre el funcionariado, poniendo en duda su profesionalidad o el volumen de las plantillas con el único objetivo de justificar estos recortes, con el consiguiente deterioro de los servicios que prestan a los ciudadanos. Todo lo contrario, según el sindicato, el trabajo, el sacrificio y la profesionalidad de los funcionarios han permitido el sostenimiento de los servicios públicos, a pesar de los reiterados recortes que se han aplicado.

Esta situación contrasta con la incorporación a puestos estructurales de personal ajeno a la función pública, que ha ido relegando al funcionariado. CSIF Málaga subraya su lucha por la eliminación de los puestos de libre designación en la Junta de Andalucía, «que son adjudicados a dedo a personal afín a los distintos partidos políticos», sin acceder a sus puestos de trabajo como el funcionariado, respetando los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad «y cuya labor no está supeditada al gobierno de turno». «El funcionario es la figura que garantiza la independencia de las administraciones públicas, al tiempo que subraya la importancia de restituir los derechos laborales sustraídos a un colectivo especialmente maltratado», insiste el sindicato.

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