La Diputación de Málaga aprobó a finales de julio del año pasado una medida de rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de entre el 10% y el 50% para 96.202 viviendas de 96 municipios de la provincia, unos 134.278 contribuyentes.
Casi un año después, cuando ha llegado la hora de ajustar cuentas con Hacienda, la medida se ha convertido en una trampa que, de momento, ha perjudicado a decenas de beneficiarios de dicha rebaja. El motivo es el siguiente: el descuento en el recibo del IBI está concebido como una subvención, es decir, un ingreso patrimonial que, por tanto, debe declararse.
La ley tributaria exime de presentar la declaración a aquellos contribuyentes con ingresos inferiores a los 22.000 euros anuales, pero si el contribuyente tiene más de un pagador, sí debe presentarla, sean cuales sean los ingresos.
Este es el caso que nos ocupa pues la subvención otorgada por la Diputación Provincial para rebajar el IBI es un segundo ingreso que obliga a declarar a personas que hasta ahora no tenían obligación de hacerlo.
Y aquí está saliendo a relucir el efecto negativo que está afectando a muchos contribuyentes, ya que al tener que declarar por mor de la subvención del IBI se encuentran con una declaración positiva donde les sale a pagar cantidades muy superiores a las deducidas por la rebaja.
Lo malo es que muchos ciudadanos afectados no tendrán constancia del posible perjuicio hasta dentro de unos meses. Son aquellos que hasta ahora no tenían que declarar y este año seguirán sin hacerlo pues ni la Diputación ni nadie les ha avisado de que la subvención del IBI no está exenta. Estos ciudadanos, según señalaba un asesor fiscal consultado, «no serán conscientes del perjuicio hasta dentro de unos meses cuando reciban una carta de Hacienda avisándoles de una declaración complementaria o anunciándoles sanciones y recargos por no haber declarado la subvención del IBI».
La redacción de La Opinión de Málaga ha accedido a algunos de los casos que ya se están dando, como el de una matrimonio de un municipio costero, ambos jubilados, él con una pensión de algo más de 13.000 euros y ella con una pensión no contributiva (que se la van a suprimir al subirle la pensión al marido) de 4.300 euros. Han recibido una subvención en la factura del IBI de 29,25 euros. Como consecuencia de ello este año se ven obligados a presentar declaración de la renta. Por esta y otros rendimientos fiscales les sale a pagar 1.700 euros, según su documentación.
En un segundo ejemplo, otro ciudadano con ingresos inferiores a 22.000 euros y sin obligación de declarar en años anteriores, se ha visto obligado a presentar la declaración este año tras recibir una subvención del IBI de 72 euros, lo que unido a otros rendimientos fiscales le supone abonar a Hacienda 500 euros.
Un tercer ejemplo lo constituye otro ciudadano sin obligación de declarar hasta ahora y que este año ha debido hacer la declaración por una subvención del IBI de 31 euros; ello unido a otros ingresos y retenciones le supone un pago a Hacienda de unos 1.000 euros.
