La tormenta política y social que se ha levantado esta semana con las informaciones publicadas por La Opinión de MálagaLa Opinión de Málaga sobre el perjuicio que va a suponer que miles de familias con bajos ingresos se vean obligadas a hacer la declaración de la renta por haber recibido una subvención para el IBI otorgada por la Diputación y que ello le suponga pagar a Hacienda cantidades 30 o 40 veces superiores a la ayuda recibida, ha llegado hasta el mismísimo Gobierno central. El Ministerio de Hacienda emitió ayer un comunicado en el que se afirma que «estudia proponer un cambio en la normativa» de tal manera que queden exentos de declarar a Hacienda los ciudadanos «de renta reducida y en situaciones de especial necesidad» que hayan recibido ayudas o subvenciones concedidas por las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades).
Este cambio, de producirse, permitiría que las miles de personas que han recibido la ayuda para el IBI en la provincia no tengan que hacer la declaración de la renta si no están obligados a ello.
La comunicación del Ministerio de Hacienda señalaba que esta propuesta se llevaría a cabo «en el marco de la reforma tributaria» y no hacía referencia temporal alguna a si el cambio de la normativa podría aplicarse en este mismo ejercicio fiscal o si una vez acordada tuviese carácter retroactivo.
El anuncio del Gobierno de estudiar un cambio en la normativa se produce un día después de que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, interviniese e informara telefónicamente al ministro Cristobal Montoro y al secretario de Estado de Hacienda de la situación creada por una normativa estatal. Según explicaron el jueves a este periódico, el Gobierno le trasladó a Bendodo el compromiso de estudiar el problema para evitar que las subvenciones al IBI concedidas por la Diputación -y por otras instituciones- penalicen en la declaración de la renta de este año.
Paralelamente, la vicepresidenta de la Diputación para asuntos económicos, Francisca Caracuel, aseguró «que ningún contribuyente se verá perjudicado por las subvenciones del IBI», a la par que arbitraba una posible fórmula para solucionar el embrollo.
Dicha fórmula pasa por que los beneficiados por la subvención del IBI renuncien a dicha ayuda para evitar, si es posible, la multa de Hacienda.
Caracuel insistió ayer, una vez conocido el comunicado del Gobierno, en la necesidad de mantener la fórmula de la renuncia a la subvención, mientras se concreta la medida anunciada por el Ministerio de Hacienda.
El posible cambio de la normativa para eximir de la declaración a personas con bajos ingresos fue solicitado en primer lugar por el PSOE, que el jueves anunciaba que había presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en este sentido.
